Una comisión de la ONU acusa a las autoridades de Burundi de crímenes de guerra entre 2017 y 2018

Destaca la responsabilidad de miembros del ala juvenil del partido gubernamental, los Imbonerakure

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una comisión de investigación de Naciones Unidas ha denunciado este miércoles que las autoridades de Burundi han cometido graves violaciones de los Derechos Humanos, algunas de las cuales constituyen crímenes de guerra, en 2017 y 2018.

En el informe que ha presentado durante la jornada ha descrito ejecuciones sumarias, arrestos arbitrarios, torturas y otros tratos inhumanos y degradantes, violencia sexual y desapariciones forzosas por parte de las autoridades.

"Las violaciones documentadas por la comisión en su primer informe han persistido durante el año pasado. Algunas prácticas, como la eliminación de cadáveres y las operaciones nocturnas, tienden a hacer estas violaciones menos visibles. Pese a ello, siguen siendo reales", ha dicho Doudou Diène, presidente de la comisión.

Asimismo, ha valorado que el referéndum constitucional celebrado en 2018 y la campaña de cara a los comicios de 2020 "han derivado en persecuciones, amenazas e intimidación contra personas sospechosas de oponerse al Gobierno o de no compartir la línea del partido gubernamental, ya esté esto demostrado o no".

Las conclusiones de la comisión se fundamentan en las declaraciones de 900 víctimas, testigos y supuestos responsables, incluidas 400 recopiladas durante el año pasado. El Gobierno se niega a cooperar con el organismo.

La comisión ha hecho hincapié en la responsabilidad en estos crímenes del ala juvenil del partido gubernamental, conocida como Imbonerakure, a la que ha acusado de tener un papel cada vez más relevante en la represión.

"Los Imbonerakure acosan, controlan e intimidan a la población", ha sostenido Françoise Hampson, miembro de la comisión. "Se les pueden atribuir numerosas violaciones de los Derechos Humanos", ha recalcado.

Así, ha explicado que estas personas "operan frecuentemente o colaboran con la Policía y los servicios de Inteligencia", de los que ha dicho que "siguen siendo los órganos del estado más involucrados en las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en Burundi".

En este sentido, ha señalado que "el control ejercido sobre los burundeses por parte del poder y los Imbonerakure se ha incrementado de forma significativa y es palpable en todos los aspectos de la vida diaria".

"Las libertades civiles, tales como la libertad de expresión, asociación y movimiento, están muy restringidas en la actualidad en Burundi", ha dicho Hampson, antes de agregar que "un número significativo de periodistas independientes siguen en el exilio, y a ellos se le han sumado otros este año".

"El destino de los defensores de los Derechos Humanos es también causa de grave preocupación, tal y como indica la reciente sentencia a 32 de cárcel a Germain Rukiki tras un juicio injusto", ha advertido.

"EMERGENCIA HUMANITARIA"

Por su parte, Lucy Asuagbor, también miembro de la comisión, ha alertado de que Burundi ha pasado "de ser un país en fase de desarrollo a un país en situación de emergencia humanitaria", al tiempo que ha detallado que "las necesidades en términos de nutrición, agua y sanidad de un porcentaje creciente de la población no se ven satisfechas".

"El Gobierno ha contribuido a este empobrecimiento aumentando los impuestos y contribuciones, que son recabadas de forma voluntaria o por la fuerza, tales como las puestas en marcha para financiar las elecciones de 2020", ha dicho.

Así, Asuagbor ha manifestado que "el Gobierno ha aumentado los recursos destinados a defensa y seguridad y, en particular, a los órganos estatales involucrados en graves violaciones de los Derechos Humanos, en detrimento del gasto en servicios sociales".

La miembro de la comisión ha destacado que esta situación se suma además a la "corrupción y malversación de fondos en el nivel más alto del Gobierno", que "sólo ha empeorado la situación".

CLIMA DE IMPUNIDAD

Ante la situación que atraviesa el país, la comisión ha subrayado que las violaciones de los Derechos Humanos se vieron precedidas por llamamientos recurrentes al odio y la violencia por parte de las autoridades, incluido el presidente, Pierre Nkurunziza, en medio de un clima de impunidad.

"El sistema judicial burundés no tiene ni la voluntad ni la capacidad para determinar quién es responsable y juzgar a los responsables de las violaciones", ha expuesto Diène.

"La Justicia se ha convertido en un instrumento de represión usado por el Ejecutivo contra cualquier forma de protesta u oposición. En lugar de garantizar el respeto del estado de Derecho, garantizar el respeto de los derechos fundamentales y determinar cuáles son las acciones incorrectas, las instituciones judiciales están siendo empleadas para encubrir crímenes y violaciones de los Derechos Humanos cometidas por la Policía, los servicios de Inteligencia y los Imbonerakure, lo que les garantiza la impunidad", ha criticado.

Por todo ello, la comisión ha pedido a los actores burundeses a poner fin a estos abusos y ha reclamado a las autoridades que juzguen a los funcionarios y miembros de los Imbonerakure responsables de estos actos.

Asimismo, ha reclamado a Buyumbura que "lleve a cabo una reforma exhaustiva del sistema judicial para garantizar su independencia, imparcialidad y efectividad", así como una reforma del sector de la seguridad.

Por último, ha pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que prorrogue su mandato durante un año, ya que, tal y como ha defendido Diène, "es el único mecanismo internacional que investiga de forma independiente e imparcial las violaciones de los Derechos Humanos y los abusos cometidos en Burundi, al tiempo que se identifica a los presuntos responsables".

"Es crucial continuar este trabajo mientras Burundi se prepara para nuevas elecciones en 2020, que ya han derivado en violaciones de los Derechos Humanos y abusos", ha remachado.