Las comunidades pobres de Kenia recibirán títulos de propiedad de sus tierras

NAIROBI 2 Sep. (Thomson Reuters Foundation) -

Las comunidades pobres de Kenia recibirán títulos de propiedad de tierras gracias a una nueva ley que los expertos piensan que servirá para poner fin a los conflictos por los terrenos, impulsar el desarrollo y mejorar las relaciones con los inversores.

El proyecto Tierra de la Comunidad, convertido en ley tras la firma del presidente, Uhuru Kenyatta, el 31 de agosto, sirve para crear las bases para que las comunidades puedan adquirir la propiedad de tierras ancestrales.

Alrededor de dos tercios del territorio de Kenia pertenece a comunidades que no poseen un titulo de propiedad, algo que facilita el trabajo a individuos corruptos que venden algunas tierras sin el conocimiento de la comunidad.

"Esto es algo muy importante", ha asegurado el director ejecutivo del Instituto de Recurso de Conflictos, Shadrack Omondi. "Al no tener un marco legal, se ha abusado de los derechos sobre la tierra", ha añadido.

Las comunidades más afectadas por esto han sido las de carácter nómada que viven en zonas semiáridas y las abandonan cuando migran en busca de agua y pasto para el ganado. "Hay gente que considera que esas tierras están vacías", ha comentado Omondi. "Antes de que te des cuenta, han perdido sus tierras", ha lamentado.

El Gobierno espera que los recientes descubrimientos de petróleo y carbón, gran parte de ellos en tierras comunitarias, reduzcan la pobreza en estas zonas y permitan a Kenia llegar a ser un país de ingresos medios para 2030.

Sin embargo, varios proyectos similares han acabado empantanados en disputas sobre la propiedad de la tierra y la distribución de beneficios con las comunidades locales.

Bajo la nueva ley, los miembros de la comunidad deben reunirse para elegir un comité de organización de tierras, registrarse y aceptar los límites de sus tierras con las autoridades antes de recibir los títulos de propiedad.

A pesar de ello, aún quedan muchas dudas sobre cómo funcionará la implementación de la ley ya que los asuntos territoriales han sido siempre una cuestión complicada desde su independencia en 1963.

Los políticos, de manera ilegal, han adjudicado grandes parcelas de tierras públicas a sus aliados y a sí mismos, ignorando los esfuerzos del Gobierno por revocar los títulos.