Condenadas tres personas a 30 años de cárcel por "atentado" contra el presidente de Burundi al apedrear su convoy

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Burundi ha condenado a tres personas a 30 años de cárcel por intentar un "atentado" contra el presidente del país, Evariste Ndayishimiye, al apedrear su convoy a su paso la semana pasada por la localidad de Kayanza.

Los condenados son Augustin Manirishura y Chadia Bagirimana, que trabajan en una gasolinera en la ciudad, y Chrisophe Ndayishimiye, un mecánico, después de haber sido declarados de lanzar piedras contra el coche del presidente.

Fuentes locales citadas por SOS Medias Burundi han señalado que el mandatario estuvo el 5 de agosto en la comuna de Matongo durante la toma de posesión del nuevo gobernador de la provincia de Kayanza, tras lo que se dirigí hacia la localidad homónima.

A su paso por la gasolinera, varias personas lanzaron piedras contra el convoy, un suceso que se saldó sin víctimas que derivó en el arresto de cinco personas, dos de los cuales fueron posteriormente liberados.

Los otros tres detenidos fueron acusados por la Fiscalía de "alterar la seguridad pública" y "atacar a agentes de la seguridad del jefe de Estado y su escolta", por lo que pidió siete años de cárcel contra ellos, si bien el tribunal ha considerado que se trató de un "atentad contra el jefe de Estado" y les ha sentenciado a 30 años de prisión.

Ndayishimiye juró el cargo en junio tras el repentino fallecimiento del entonces presidente, Pierre Nkurunziza, quien tenía que pasar el testigo a su 'delfín' el 20 de agosto, tras la victoria electoral del ahora mandatario.

Las elecciones estuvieron marcadas por un repunte de la violencia y ante el temor de que el país se vea arrastrado a una crisis violenta como la de 2015, cuando Nkurunziza decidió presentarse a un tercer mandato, a pesar de que la oposición denunciaba que ello violaba el acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil (1993-2005).

Asimismo, se celebraron en medio de la pandemia de coronavirus y menos de una semana después de que el Gobierno expulsara del país al jefe de la delegación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a otros tres integrantes de la misma, sin ofrecer ningún motivo para justificar su decisión.