MADRID, 30 Dic. (Por Joan Tubau, director general de Médicos Sin Fronteras España) -
Los conflictos y otras situaciones de violencia son cada vez más graves y complejos, lo que nos plantea a las ONG mayores retos para llegar a las víctimas. Además, en 2017, hemos visto cómo se agravaban muchas crisis por una clara dejación de responsabilidad de los Estados y por un vacío de actores humanitarios.
El Derecho Internacional Humanitario en las zonas de conflicto y el Derecho de Asilo en los lugares de llegada son los dos principios fundamentales acordados después de la Segunda Guerra Mundial que rigen la labor humanitaria y la protección de los civiles. Ambos están siendo profundamente erosionados e ignorados y entre los responsables de este hundimiento moral de consecuencias letales están los arquitectos originales de estas normas, incluidos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.
Yemen es un claro ejemplo de lo que hablamos: una crisis compleja a la que no se da una respuesta adecuada, con diversos actores enfrentados y con la intervención de grandes potencias extranjeras. Las dificultades para acceder a la población son cada vez mayores y el sistema de salud se ha colapsado por completo.
Albert Masias/MSF
Esta situación ha provocado la propagación de enfermedades como el cólera, con casi un millón de personas afectadas, y la difteria, que llevaba 25 años erradicada en el país. A día de hoy, más de la mitad de las instalaciones médicas que había antes de la guerra permanecen cerradas, muchas de ellas por haber sido blanco de ataques.
Y por si todo esto fuera poco, el bloqueo internacional liderado por Arabia Saudí de los puertos y aeropuertos ha dificultado enormemente la entrada de suministros, material médico y trabajadores humanitarios.
CRISIS DE NIVEL 3
Yemen ha sido una de las emergencias de nivel 3, el máximo decretado por Naciones Unidas, con las que empezamos 2017, junto a Siria e Irak. Lamentablemente, a finales de año contábamos con dos más: el agravamiento de la situación en las regiones de Kivu Norte y Kivu Sur, en la República Democrática del Congo, y la emergencia de los refugiados rohingyas en Bangladesh.
En apenas cuatro meses, más de 647.000 personas de la minoría musulmana rohingya han huido de una violencia brutal en Birmania para refugiarse en Bangladesh. MSF ha documentado recientemente a través de encuestas de mortalidad retrospectivas la crueldad y la barbarie que han sufrido todas estas personas: un mínimo de 6.700 habrían sido asesinadas en Birmania durante el primer mes del éxodo.
El 70 por ciento fueron ejecutados a sangre fría, la mayoría mediante un disparo en la cabeza. Muchas mujeres fallecieron o fueron ejecutadas tras sufrir terribles violaciones delante de sus vecinos, familiares y amigos. Y centenares, o incluso miles de las víctimas eran menores de 5 años.
Mohammed Sanabani/MSF
Siria sigue siendo el país que más personas refugiadas ha generado en los últimos años, con cerca de 5,5 millones, seguida por Afganistán y Sudán del Sur, que a día de hoy ya comparten el mismo escalón de este infame podio, con 2,5 millones de personas refugiadas en otros países; la mitad de los sursudaneses que han huido están en Uganda, el país del mundo que más refugiados ha acogido desde julio de 2016.
Y a todas estas crisis podríamos añadir otras de carácter crónico o de larga duración como las de República Centroafricana, Etiopía, la región del lago Chad y Somalia, todas ellas escenarios de violencia extrema que exigen de una respuesta de emergencia que atienda las necesidades vitales de la población.
ACUERDOS POLÍTICOS SIN HUMANIDAD
Este año hemos sido también testigos de cómo Estados Unidos, Australia y la Unión Europea (UE) muestran un afán cada vez mayor por aumentar las medidas represivas y las barreras, tanto físicas --muros y vallas-- como políticas, a los migrantes y refugiados.
Entre las políticas, se encuentran acuerdos como el de la UE con Turquía o el alcanzado con Libia, que se han presentado a la sociedad como una solución global, pero que lo único que verdaderamente hacen es violar el espíritu del derecho que protege a las personas que huyen de las guerras, de situaciones de violencia, de persecuciones políticas o, simplemente, del hambre o de la extrema pobreza.
Estamos presenciando una externalización de fronteras, mediante financiación y asistencia técnica a las fuerzas policiales de los países de emisión o de tránsito, cuyo único objetivo es evitar las llegadas de migrantes y refugiados a cualquier precio. Aun sabiendo que en muchos de esos países, como llevamos denunciando todo el año en el caso de Libia, se violan sistemáticamente los derechos fundamentales de estas personas.
Alessandro Penso/MSF
Porque expresar indignación por los crímenes cometidos contra los migrantes en Libia, tal y como han hecho Rajoy, Merkel y Macron, mientras prosiguen con políticas de devolución es, cuando menos, vergonzoso. Mediante el apoyo económico y técnico a la Guardia Costera libia en la devolución de migrantes y refugiados, la UE --con Italia, España, Francia y Alemania a la cabeza-- se ha convertido en cómplice de los secuestros y torturas que estos mismos países condenan ahora.
Somos conscientes de que nuestro balance no podrá calificarse de muy optimista, pero en Médicos Sin Fronteras no vamos a quedarnos callados mientras vemos la impunidad con la que se desprecia y se pisotea el Derecho Internacional Humanitario y mientras observamos la indecente competición en la que se han embarcado nuestros políticos para ver quién de todos ellos bate el récord mundial de hipocresía en materia de refugiados.