El Congreso da el 'sí' definitivo a la justicia transicional ideada por el Gobierno y las FARC

BOGOTÁ, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Colombia ha aprobado este martes de forma definitiva la ley de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que da a luz la justicia transicional ideada por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para purgar los crímenes de la guerra.

La Cámara de Representantes ha aprobado, por 97 votos a favor y seis en contra, el informe de conciliación de la JEP, que armoniza los textos aprobados anteriormente por diputados y senadores, que incluyen más de 80 modificaciones al borrador inicial.

Para que la JEP quede consolidada solo resta el 'placet' de la Corte Constitucional, que debe revisar de oficio todos los actos legislativos emanados del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC para confirmar que respetan la Carta Magna.

El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, ha anticipado que el presidente, Juan Manuel Santos, firmará en los "próximos días" los decretos necesarios para poner en marcha la JEP, como parte de la estrategia común de acelerar la implementación del acuerdo de paz.

"Seguramente en los próximos días el presidente expedirá esos decretos con base en este acto legislativo para crear la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que son dos tareas esenciales para la reconciliación de Colombia", ha dicho.

JUSTICIA TRANSICIONAL

La JEP, según el propio Santos, es "el sistema que permitirá aplicar la Justicia a quienes cometieron delitos con ocasión del conflicto armado y, al mismo tiempo, hacer la transición de la sociedad colombiana hacia la paz".

La justicia transicional se aplicará a todos los responsables de los crímenes cometidos con motivo de la guerra, tanto guerrilleros como agentes del Estado y terceros colaboradores, si bien a los dos primeros se les concederá un trato "diferenciado", aunque "equitativo".

Solo se implementará respecto a "los crímenes más graves", incluidos los internacionales --crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio--, que, conforme a las normas internacionales, no pueden ser amnistiados en ningún caso.

La JEP idea un sistema de sanciones que permitirá a los acusados obtener penas más ventajosas en función de la verdad que aporten y que van desde los entre cinco y ocho años de medidas restrictivas de la libertad hasta los 20 años de cárcel.

La naturaleza y duración de las sanciones ha llevado al sector crítico, abanderado por el ex presidente Álvaro Uribe, a denunciar "impunidad". Santos, se ha ocupado una vez más de desmentirlo. "Es una jurisdicción con sanciones efectivas, sin impunidad, repito, sin impunidad", ha recalcado.

Además, se ha encargado de enfatizar que "cumple con todos los estándares internacionales". De no ser así, abriría la puerta a una intervención del Tribunal Penal Internacional (TPI), cuya Fiscalía ya estudia con atención el caso colombiano.

CORAZÓN DEL ACUERDO

La justicia transicional, junto a la participación política, son el "corazón" del acuerdo de paz suscrito por el Gobierno y las FARC el pasado 24 de noviembre, pero también los principales objetos de crítica del 'uribismo' y sus aliados.

Uribe y su partido político, Centro Democrático, pretenden modificar estos dos puntos si ganan las elecciones presidenciales y legislativas de 2018, algo que --ya han advertido las partes-- supondría tumbar el acuerdo de paz.

El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, alertaba en una reciente entrevista con Europa Press de que, sin estos dos pilares, "se derrumba todo el acuerdo de paz" y resurge la posibilidad --ahora lejana-- de que las FARC vuelvan a empuñar las armas.

"Por ningún motivo se puede afectar la participación política, esencia del acuerdo de paz", ha dicho el jefe negociador de las FARC, 'Iván Márquez'. "Su modificación es como una puñalada en el corazón", ha indicado en Twitter.