El Constitucional avala el fin del sistema electoral de Pinochet

SANTIAGO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Chile ha avalado este martes la decisión del Congreso de derogar el sistema electoral binomial, heredado de la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1973-1990) y que bloqueaba el acceso parlamentario a los partidos pequeños.

El alto tribunal ha culminado el control de constitucionalidad que debe realizar de oficio con el articulado completo de todos los proyectos de ley que emanan de la sede legislativa y lo ha hecho dando su visto bueno.

El máximo intérprete de la Carta Magna ya avanzó su decisión al rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado por la opositora Alianza contra la reforma del sistema electoral impulsada por el Gobierno de Michelle Bachelet.

Tras el pronunciamiento del Constitucional y su comunicación oficial a los poderes estatales, solo resta que la presidenta chilena rubrique el proyecto de ley para que cobre fuerza de norma jurídica, según ha informado la prensa local.

La reforma del sistema electoral fue aprobada el pasado 14 de enero, después de que los senadores chilenos estuvieran reunidos durante 19 horas para debatir cada artículo de las 76 páginas de las que consta el proyecto de ley.

Con el sistema binominal se elegían dos escaños por circunscripción y para conseguir ambos una lista debía obtener al menos el 66,6 por ciento de los votos, lo que 'de facto' ha expulsado a los partidos políticos minoritarios y a los independientes del arco parlamentario.

La cámara alta optó por la ley D'Hont, un sistema proporcional moderado que abrirá las puertas del Congreso a los partidos políticos que se sitúan fuera de los dos grandes bloques: la Nueva Mayoría de izquierda y la Alianza de derecha.

Además, con la reforma electoral el número de diputados y senadores aumentarán a 155 y 50, respectivamente, mientras que las circunscripciones para la cámara baja se reducirán de 60 a 28 y para la cámara alta cada región constituirá una circunscripción.

El borrador del Gobierno implica también un sistema de cuotas por el cual el número de candidatos y candidatas no podrá superar el 60 por ciento del total de las presentadas por los distintos partidos políticos.