Investigan posibles escuchas ilegales a jueces del Constitucional de Colombia

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General de Colombia ha anunciado este sábado la apertura de una investigación tras la denuncia de la Corte Constitucional de la supuesta interceptación ilegal de comunicaciones del despacho de uno de sus magistrados. La investigación ha sido ordenada por la fiscal Luz Adriana Camargo.

La propia Camargo se ha reunido dos veces con magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional para recibir su denuncia. "La Fiscal General dispuso todos los recursos al alcance de la entidad, para avanzar con celeridad y rigor en los actos investigativos que permitan establecer los alcances y el impacto de la delicada situación denunciada", ha explicado la Fiscalía en un comunicado.

Los nueve magistrados de la Corte Constitucional se reunieron el miércoles con Camargo para pedirle formalmente investigar las denuncias sobre presuntas escuchas telefónicas de las que estarían siendo victimas.

La información difundida en medios de comunicación indica que uno de los magistrados señaló que su teléfono y chat están siendo intervenidos ilegalmente por órganos de inteligencia del Estado.

La Corte Constitucional publicó el viernes un breve comunicado en el que confirma que la denuncia es cierta y que ya se encuentra en manos de la Fiscalía.

"Sobre la información que circula sobre interceptaciones telefónicas en contra de magistrados de la Corte, les podemos informar que la Sala Plena invitó, el miércoles pasado, a la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón para poner de presente tal situación. Teniendo en cuenta esta denuncia, será la Fiscalía General de la Nación la institución encargada de la investigación y el esclarecimiento de estos hechos", explica el mensaje.

Esto se produce después de que en entre 2010 y 2015 fueran condenados una veintena de cargos de instituciones públicas por escuchas ilegales o "chuzadas" a jueces, periodistas, políticos de la oposición y activistas de Derechos Humanos durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe.

El escándalo provocó la disolución del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), principal organismo de los servicios secretos de Colombia.