LIMA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El contralor general de Perú, Edgar Alarcón, ha cifrado este miércoles en 283 millones de dólares los daños económicos que la constructora brasileña Odebrecht causó en la nación andina por las corruptelas en la adjudicación de contratos públicos.
Alarcón ha ofrecido una rueda de prensa dar a conocer el balance de la inspección que ha realizado la Contraloría General sobre los 22 contratos públicos en los que participó Odebrecht entre los años 2004 y 2015 por un total de 16.940 millones de dólares.
Las autoridades peruanas han revisado ya 16 proyectos por un valor de 11.271 millones de dólares en los que han detectado "un presunto perjuicio económico de 283 millones de dólares" y han identificado "responsabilidades penales, civiles y administrativas de funcionarios".
Alarcón ha revelado que entre los casos "relevantes" se encuentran las obras del metro de Lima, la de la carretera que comunica las localidades de Chacas y San Luis y las del Interceptor Norte.
Además, ha confirmado que la Ley 28670 promulgada el 25 de enero de 2006 por el entonces presidente peruano, Alejandro Toledo, sirvió para "limpiar" los contratos públicos suscritos con Odebrecht para la ejecución de las obras IIRSA Norte y Sur.
El contralor general ha recomendado crear una fiscalía y un juzgado especiales para indagar en los negocios de Odebrecht en Perú, que salpican a las administraciones de Toledo, Álan García y Ollanta Humala, e incluso al actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski.
CASO ODEBRECHT
Odebrecht y su filial petroquímico, Braskem, llegaron el pasado diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el cual admiten el pago de sobornos a funcionarios de 12 países para conseguir contratos públicos. Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.
Este acuerdo se enmarca en las investigaciones estadounidenses por el caso 'Lava Jato', en el que las autoridades brasileñas indagan en una red de pago y cobro de sobornos a políticos de distinto signo para lograr contratos de la petrolera estatal, Petrobras.
Odebrecht ha reconocido el pagó más de 2.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos brasileños y otros 439 millones de dólares en otros países de la región. En el caso de Perú ha reconocido pagos por 29 millones de dólares.
La Fiscalía de Perú y Odebrecht han firmado un acuerdo preliminar que compromete a la empresa constructora a devolver inicialmente 8,9 millones de dólares de las ganancias ilícitas obtenidas en el país y brindar información "relevante" para identificar los funcionarios implicados.