Controles de carretera, una vía de financiación clave de la violencia en RCA y RDC

El 75% están operados por actores armados y generan ingresos millonarios por el cobro de impuestos a todo tipo de actividades

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El control del territorio y de los vastos recursos naturales de República Democrática del Congo (RDC) y de República Centroafricana (RCA) han sido uno de los motores tradicionales para financiar la continuada violencia que azota a ambos países. Sin embargo, hay un mecanismo clave para recaudar fondos que hasta ahora no había sido tenido en cuenta: los controles de carretera.

El Servicio Internacional de Información sobre la Paz (IPIS), un instituto con sede en Países Bajos, junto con el Instituto Danés para los Estudios Internacionales (DIIS), han llevado a cabo sendos mapas en los dos países en los que han conseguido contabilizar más de un millar de controles de carretera y constatar cómo en ellos la presencia de actores armados es una constante y cómo en ellos se recaudan "impuestos" a casi todos los que pasan.

Aunque ambos países son puestos como ejemplo tradicionalmente del uso de "minerales de la guerra" para financiar la violencia imperante, en el caso del este de RDC desde hace más de 20 años, lo cierto es que los expertos siempre han sabido que ésta no era la única vía de financiación.

El estudio realizado por IPIS y DIIS, que ha analizado 1.082 controles de carretera, ha permitido constatar que estos suponen una vía adicional y sustancial para engrosar las arcas de los grupos armados en esta parte del continente. Del total de puestos de control analizados, en el 73 por ciento había al menos un actor armado presente.

CONTROLES EN RDC

En el caso de República Democrática del Congo, se han analizado 788 controles de carretera en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, donde está presente un amplio abanico de grupos armados y milicias que han cometido constantes abusos de los Derechos Humanos. En ellos, el cobro de impuestos por recursos naturales solo supone la mitad de los ingresos obtenidos, mientras que el resto obedece al paso de personas o a la autorización de acceso a mercados, entre otros.

El 75 por ciento de los controles analizados en este país contaban con la presencia de al menos un actor armado. De este total, 379 estaban operados por el Ejército congoleño (FARDC), lo que supone el 47 por ciento, mientras que el resto eran gestionados por una miríada de grupos armados y de grupos ciudadanos.

"Encontrar una carretera congoleña sin un control es un reto, básicamente todo lo que se mueve está tasado", destaca Peer Schouten, autor del informe. "Mujeres que van al mercado, agricultores que acceden a sus campos, comerciantes que pasan por ahí... Nos sorprendió la densidad de los controles de carretera, lo que indica el alcance de la extorsión estructural en RDC", admite, subrayando que "son sus gentes la que lo sufren".

Según el estudio, en RDC "la línea entre la generación legítima de ingresos y la extorsión en los controles de carretera a menudo se cruza". Así, aunque se considere legítimo que los soldados, en general mal pagados, o milicianos, hagan acuerdos informales con la población de la zona para cobrar 'impuestos' a cambio de una cierta protección, "en la mayoría de los casos, los niveles de recaudación exceden con mucho las necesidades operacionales y logísticas de quienes los operan".

Por ello, estos controles se han convertido en una vía lucrativa y generalizada de obtener ingresos y que por tanto contribuyen a "la continuación de la militarización, la inseguridad y el subdesarrollo estructural en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur", resalta el estudio.

CONTROLES EN RCA

En el caso de República Centroafricana, donde los grupos armados de distinta índole controlan dos tercios del país, IPIS y DIIS han monitorizado 284 controles de carretera, de los que el 67 por ciento contaban con la presencia de al menos un actor armado. Del total, el 41 por ciento estaban operados por las fuerzas gubernamentales, el 52 por ciento por antiguos milicianos de Séléka --una alianza predominantemente musulmana-- y el 14 por ciento por grupos 'anti-balaka' --predominantemente cristianos--.

Los controles se concentran en tres circuitos económicos: el del ganado, en el que están el 22 por ciento de los controles y donde los antiguos Séléka recaudan impuestos; el del comercio procedente de Sudán, dominado igualmente por estos grupos armados con un 23 por ciento de los controles; y el considerado 'legal', que supone el 9 por ciento del total y está controlado por actores gubernamentales.

Según las estimaciones del estudio, solo los antiguos Séléka generan unos 6.000 millones de euros al año imponiendo impuestos en los principales circuitos económicos de las áreas bajo su control, 3.590 millones derivados de su 'interferencia' en el comercio del ganado y 2.380 millones del circuito sudanés.

Esto demuestra que, aunque los 'impuestos' por los recursos naturales suponen una importante fuente de ingresos, en el caso de Séléka "de hecho obtienen la mayoría de su dinero cobrando impuestos al ganado y a los comerciantes de café sudaneses", explica Schouten.

Además, según IPIS, en ambos países las empresas comerciales, las ONG y las agencias de la ONU contribuyen a esta forma de financiación del conflicto. "Todo el mundo subcontrata el grueso del transporte a transportistas privados, que pagan en los controles de carretera como todo el mundo", explica Schouten. Solo seis empresas de transporte en Kivu Norte pagan más de 1,5 millones de dólares al año en estos controles, de acuerdo con la investigación.

"Ha llegado el momento de que la comunidad internacional amplíe su mira más allá de los minerales de conflicto", ha sostenido Schouten, coordinador en nombre del IPIS del estudio.