El correísmo solicita un juicio político contra la fiscal general de Ecuador

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, ha presentado este lunes una solicitud de juicio político contra la fiscal general del país, Diana Salazar, por presunto incumplimiento de sus funciones.

La solicitud ha sido presentada oficialmente por la legisladora Gissela Garzón, que incluso ha compartido en su perfil oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, el escrito presentado al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle.

"La crisis de seguridad que vive el país requiere funcionarios que den respuestas, que asuman su rol y lo cumplan, si esto no pasa, corresponde ejercer el rol de fiscalización y control político desde la Asamblea Nacional", ha añadido Garzón en su publicación.

Por su parte, la propia formación ha emitido más tarde un escueto comunicado en sus redes sociales en el que reprocha a la fiscal Salazar "su desatención a casos reconocidos de corrupción", motivo por el que justifican su solicitud de juicio político.

"El privilegio del cargo de fiscal general del Estado, es proporcional a las responsabilidades que dicho cargo acarrea, la objetividad, integridad, la ecuanimidad deberían ser evidentes y dispuestas a toda la fiscalización", reza el escrito.

"Como Bancada de la Revolución Ciudadana no podemos traicionar a nuestros votantes, pro eso hemos presentado la solicitud de juicio político a la fiscal general, quien deberá rendirle cuentas al país por su inoperancia, por su desempeño arbitrario e ilegal", añaden.

Kronfle dispone de cinco días para poner en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL) esta solicitud de juicio político y otras dos anteriores presentadas contra los exministros de Energía e Interior, Fernando Saltos y Juan Zapata, respectivamente.

A continuación, el CAL requerirá una informe técnico-jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos a la Unidad Técnica Legislativa de la Cámara, que remitirá un informe en un plazo máximo de tres días, recoge el diario ecuatoriano 'El Universo'.