La corrupción como amenaza para la seguridad internacional

MADRID, 1 Feb. (Por Fernando Valdés Verelst, experto en seguridad y relaciones internacionales y colaborador del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas) -

   2014 ha sido un año marcado por la corrupción. Han sido tantos los casos de corrupción en nuestro país, que resulta complicado relacionarlos todos de una vez. Pero la corrupción no sólo hizo estragos en nuestras fronteras, sino que 2014 confirmó la tendencia de ejercicios anteriores, afectando la corrupción de manera muy intensa a otros muchos países, y convirtiéndose en una de los principales amenazas para la seguridad internacional.

   Así lo ha constatado el prestigioso centro de investigación estadounidense Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) en su informe "Corruption The Unrecognized Threat to International Security". Este documento de trabajo pone de manifiesto que tanto gobiernos como multinacionales han subestimado la corrupción en sus políticas y operaciones de inversión.

   La corrupción sistémica, en efecto:

   - debe entenderse no como un fracaso o distorsión de las instituciones gubernamentales, sino como un sistema plenamente funcional en el que los gobernantes utilizan todos los instrumentos a su disposición para secuestrar los flujos económicos existentes, es decir, autenticas cleptocracias;

   - provoca indignación en la población, siendo un factor que sin duda contribuye al malestar social y en ocasiones a la insurgencia;

   - favorece el agravamiento de otras amenazas para la seguridad internacional, caso del crimen organizado, el terrorismo o las graves perturbaciones económicas;

   - no sólo es capaz de catalizar esas amenazas, sino que se combina con otros factores de riesgo como son los conflictos étnicos, religiosos o lingüísticos, así como las profundas desigualdades económicas, para aumentar la inseguridad.

   Tradicionalmente los gobiernos occidentales han priorizado otras preocupaciones en su acción exterior antes que la lucha contra la corrupción. La política exterior europea, y también la española, no han sido una excepción. La agenda de seguridad, los intereses comerciales y económicos, el control de los flujos migratorios o incluso la política de desarrollo han homologado, cuando no legitimado, regímenes corruptos, y con ello, agravado los riesgos preexistentes.

COSTE DE LA CORRUPCIÓN

   El realismo en las relaciones internacionales ha relativizado un problema que con el tiempo se ha demostrado gigantesco. Según fuentes del Banco Mundial, los flujos financieros ilícitos como la corrupción, el soborno, el robo y la evasión fiscal, tienen un coste anual para los países en desarrollo superior al billón de dólares.

   Si se superponen dos índices tan conocidos como son el relativo al seguimiento de la corrupción, de una parte, y el que mide la violencia o inestabilidad de un Estado, de otra, se observa una correspondencia evidente entre ambos. De este modo, los países con elevados índices de corrupción suelen sufrir conflictos o acaban engrosando la lista de Estados fallidos.

   Según el informe del CEIP, doce de los quince países peor clasificados en Índice de Transparencia Internacional de 2013 son actualmente escenario de insurgencias, albergan grupos extremistas, o plantean otras graves amenazas a la seguridad internacional.

   Qué duda cabe que entre las causas que explican lo ocurrido en Mali, algunos países árabes, Ucrania, Tailandia o Irak, por ejemplo, se encuentra un sistema organizado de corrupción en favor de las élites gubernamentales.

EL CASO DE IRAK

   Centremos nuestra atención por un momento en el auge del Estado Islámico en Irak y en la dificultad del Gobierno iraquí para defender plazas tan estratégicas como Mosul y Tikrit. Cómo es posible, tal y como se pregunta Zaid al Ali en un artículo de Foreign Policy (How Maliki Ruined Iraq), que, en cuestión de días, esta organización terrorista fuese capaz de derrotar a las fuerzas armadas iraquíes, fuerzas entrenadas por los Estados Unidos y que supuestamente contaban con más de un millón de efectivos y habían recibido más de 20.000 millones de dólares de financiación desde 2006.

   La respuesta debemos encontrarla en la depredación y el sectarismo de las élites nacionales, con Nuri al Maliki al frente. Su Gobierno fue incapaz de construir instituciones políticas y sociales competentes, por no hablar de su ejército. El sector de la seguridad, con un presupuesto anual superior a los presupuestos combinados de educación, salud y medio ambiente, fue objeto de una supervisión internacional mínima. Los soldados se alistaron y recibieron su nómina mensual sin presentarse al servicio.

   Haider al Abadi, actual primer ministro iraquí, ha informado que hasta hace poco tiempo el Estado pagaba salarios de 50.000 soldados que no existían. Tal cantidad de nombres falsos en el registro del personal militar generó un gasto ficticio, supuestamente embolsado por generales y oficiales, próximo a los 30 millones de dólares mensuales.

   De otra parte, en febrero de 2011, cuando miles de iraquíes tomaron las calles del país para denunciar la corrupción y el sectarismo étnico del gobierno de Al Maliki, fueron tildados por medios oficiales de extremistas y reprimidos duramente por las fuerzas de seguridad. A nadie ha de extrañar que tres años después, esos mismos que denunciaban la corrupción y abandono por parte del gobierno central, hayan hecho poco por evitar la toma de regiones enteras por el Estado Islámico.

   En otros casos, la amenaza procede de la competencia entre distintas facciones políticas o militares por el control de los escasos recursos nacionales, o por hacerse con el control de los ingresos derivados de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas. Así ha ocurrido en Mali o Guinea Bissau y, hasta cierto punto, en Afganistán.

COMPRENDER LA CORRUPCIÓN

   Es hora de que los decisores públicos y privados promuevan una mejor comprensión de la corrupción como sistema organizado, y que se otorgue la merecida importancia a la interacción que esa corrupción tiene con otros factores de riesgo y que conducen de forma combinada a un incremento exponencial de las amenazas para la seguridad internacional.

   Es necesario realizar un cálculo más preciso de los intercambios reales cuando entran en conflicto distintos intereses de la política exterior. En este sentido, deben elaborarse análisis detallados sobre cómo diferentes intervenciones (la cooperación militar, la inversión privada, o por ejemplo la ayuda para el desarrollo) operan en entornos marcados por la corrupción sistémica.

   Este cálculo permitirá anticipar y responder eficazmente ante los resultados de nuestras intervenciones. Una comprensión más minuciosa de la corrupción como sistema organizado puede reducir ostensiblemente la necesidad de intervenir militarmente una vez que estallen las crisis, orientando su resolución por medios no militares más eficaces y antes de la verdadera detonación del conflicto.

   Con referencia a España, si es cierto que la lucha contra la corrupción se va a convertir en prioridad nacional para las principales formaciones políticas de nuestro país, ésta debería ocupar también un lugar destacado en su política exterior.