La Corte de Constitucionalidad de Guatemala rechaza cambios en la ley para destituir a la fiscal general

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha declarado improcedente una solicitud presentada por líderes indígenas para reformar la legislación del Ministerio Público y, con ello, permitir la destitución de la fiscal general, Consuelo Porras.

Con esta decisión, que ha sido tomada por unanimidad, se ha zanjado la batalla legal que llevaba abierta varios meses, por lo que ya no se podrá reformar la legislación sobre las causas de destitución del cargo de fiscal general, ya el fallo es en firme, según ha recogido el diario 'La Prensa'.

Esto se produce después de que representantes indígenas de Sololá presentaran en octubre una solicitud para reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica, que establece que el presidente guatemalteco, en este caso el saliente Alejandro Giammattei, puede destituir a la fiscal por una "causa justificada debidamente establecida".

"Se entenderá por causa justificada la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada", reza la legislación, reformada en 2016 por el Congreso guatemalteco.

Los líderes indígenas pidieron en su solicitud que prevaleciese el artículo 251 de la Constitución, que contempla que el fiscal "tendrá las mismas preeminencias e inmunidades de los magistrados de la Suprema de Justicia" y que podrá ser destituido por el presidente "por causa justificada debidamente establecida".

En dicha disposición no se especifica los motivos por los que el mandatario de turno pueda rescindir al fiscal general de su cargo. La corte ya desestimó ese mismo mes otra solicitud para la suspensión provisional de dicho artículo elevada al máximo tribunal por un grupo de abogados, según ha recogido Emisoras Unidas.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) oficializó en octubre los resultados electorales de la segunda vuelta de las presidenciales guatemaltecas del 20 de agosto, en las que se impuso Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, y dio por concluido el proceso electoral.

Sin embargo, la Fiscalía ha pedido la anulación de todo el proceso electoral por presuntas irregularidades dentro del Movimiento Semilla y pretende así evitar que Arévalo tome posesión el próximo 14 de enero, unas maniobras denunciadas por la comunidad internacional.