MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Costa de Marfil ha publicado este miércoles una lista de más de 300.000 personas que considera como futuras beneficiarias del pago de compensaciones por crímenes sufridos durante las dos últimas guerras civiles en el país.
En su comunicado, la Comisión Nacional para la Reconciliación y la Indemnización de las Víctimas (CONARIV) ha detallado que ha aprobado un total de 316.954 nombres, que suponen un 36 por ciento de los 874.056 que le fueron entregados al inicio del proceso de verificación.
El presidente marfileño, Alassane Ouattara, ha subrayado que las autoridades "se disponen a presentar un fichero fiable y una lista creíble", agregando que toda la población "ha sido víctima directa o indirecta" de estos conflictos.
"Lo esencial hoy es ir a la reconciliación. Las cuestiones de indemnización se harán con tiempo", ha dicho, según ha recogido el diario marfileño 'Le Patriote'. Por último, el mandatario ha reclamado a los marfileños que huyeron durante la guerra que vuelvan al país.
En 2015, las autoridades publicaron una lista de parcial de 24.500 víctimas del conflicto post electoral entre 2010 y 2011, que derivó en el pago de 260 dólares (unos 230 euros) para los heridos, así como de 1.700 dólares (cerca de 1.500 euros) a los familiares de las víctimas mortales.
El conflicto estalló cuando el ahora expresidente Laurent Gbagbo y sus simpatizantes se enfrentaron con Ouattara y los suyos para reivindicar su victoria en las urnas. Más de 3.000 personas murieron en seis meses de conflicto.
Gbagbo fue detenido por tropas francesas y entregado al Tribunal Penal Internacional (TPI) para ser juzgado por crímenes de guerra. Su mujer, Simone Gbgabo, ha sido condenada a 20 años de cárcel en el país. Las autoridades marfileñas se niegan a extraditarle a La Haya.
La primera guerra civil en Costa de Marfil se inició en septiembre de 2002 y terminó tras una tregua en 2007. La guerra provocó la división del país en dos, con un norte de mayoría musulmana controlado por los rebeldes y un sur de mayoría cristiana controlado por el Gobierno.