MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
Costa Rica ha concluido este lunes su participación en la audiencia oral ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya insistiendo ante el alto tribunal la necesidad de desestimar las "extremas posiciones" de Nicaragua sobre los límites terrestres y marítimos de ambos países, en la recta final del litigio que los enfrenta desde hace años ante la Justicia y del que no se conocerá el fallo hasta finales de este año o principios de 2018
El abogado británico Samuel Wordsworth, miembro del equipo jurídico de Costa Rica, ha pedido que "posiciones extremas como la de Nicaragua" no tengan peso a la hora de efectuar la delimitación en el Pacífico, según ha recogido el diario nicaragüense 'La Prensa'.
El embajador de Costa Rica en Países Bajos, Sergio Ugalde, que se encarga de exponer los argumentos de San José, ha reiterado el compromiso de su país con el respeto a la decisión que tome la CIJ y ha pedido que Managua haga lo propio.
Ugalde explicó la semana pasada que las aspiraciones de Managua son "poco realistas" porque se basan en un tratado bilateral de 1977 que, de acuerdo con su versión, no fue ratificado por ninguno de los dos Estados.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores costarricense, Manuel González, ha expresado su confianza en el Derecho Internacional y en que la Justicia dé a cada país lo que les corresponde por derecho.
"Estamos muy seguros de nuestra sólida posición jurídica, pero lo más importante es lograr una determinación final sobre los límites marítimos de ambos estados. Esto dará seguridad jurídica a todos, y debe acabar con cualquier acción de reclamación en el terreno" ha señalado.
Costa Rica presentó a principio de año una nueva demanda en la que solicitaba a la CIJ que declarar ilegal el puesto militar instalado por Nicaragua en 2016 en la Isla Calero y que sumara esta acción a la demanda presentada en 2014 para que La Haya fijara de forma definitiva las fronteras en el mar Caribe y en el océano Pacífico.
El Gobierno de Guillermo Solís también pidió al tribunal internacional que determine la cantidad que Nicaragua debe pagar tras ser condenado en 2015 por la invasión militar y los daños ambientales causados en el humedal Isla Portillos entre 2010 y 2013.