Crean una comisión para solicitar al Gobierno de Argentina la liberación de Milagros Sala

BUENOS AIRES, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes políticos, gremiales y sociales se han agrupado en torno a una comisión que tendrá como objetivo solicitar al Gobierno de Argentina la liberación de Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru detenida el pasado 16 de enero tras participar en unas protestas.

El grupo de presión estará integrado por referentes kirchneristas, como las diputadas nacionales Diana Conti y Juliana Di Tullio, y los parlamentarios del Mercosur Daniel Filmus y Jorge Taiana. También formarán parte de esta comisión Hugo Yasky (CTA) y Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), según informa el diario argentino 'La Nación'.

El comité ha informado a través de un comunicado que buscará "llevar adelante acciones parlamentarias en el ámbito nacional, provincial e internacional; denunciar ante organismos y organizaciones internacionales la detención ilegal e ilegítima de Milagro Sala; coordinar acciones de incidencia sobre los gobiernos nacional y provincial por su liberación".

La detención de Milagro Sala el pasado 16 de enero ha provocado un clima de tensión en Argentina ante el temor de que el presidente, Mauricio Macri, reprima y criminalice la protesta social, algo que incluso Amnistía Internacional ha criticado.

Sala, líder de la organización Tupac Amaru, una organización social con más de 70.000 afiliados, y diputada del Parlamento del Mercosur (Parlasur), fue detenida en Jujuy por los delitos de "instigación a cometer ilícitos y tumulto" durante las protestas por el recorte de subsidios ante la Casa de Gobierno.

La detención fue promovida por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien ha vinculado a la detenida con el narcotráfico y negado que Salas se trate de una presa política, alegando "las causas de la detención son hechos y delitos comunes", según informa el diario 'La Nación'.

Amnistía Internacional ha iniciado una campaña para exigir su liberación inmediata al estar ante "un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión".