La crisis "olvidada" en RDC: Más de 1.900 civiles asesinados por grupos armados en los Kivus en dos años

Otros 3.300 civiles han sido secuestrados por los más de 130 grupos activos en esta zona del país

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.900 civiles muertos y más de 3.300 secuestrados. Ese es el balance de la actividad de los numerosos grupos armados que operan en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, en el este de República Democrática del Congo (RDC) entre junio de 2017 y junio de 2019, de acuerdo con un informe publicado por Human Rights Watch (HRW) y el Grupo de Investigación sobre Congo de la Universidad de Nueva York.

Durante ese lapso de dos años, el 'Kivu Security Tracker', un proyecto conjunto de ambas organizaciones, ha constatado más de 3.000 incidentes violentos en los que estuvieron implicados más de 130 grupos armados.

"Más de 130 grupos armados están luchando por razones incontables en los Kivus, en el este de RDC, lo que convierte a la región en uno de los lugares más violentos del mundo", ha destacado el director para África Central de HRW, Lewis Mudge. "Entender quién está cometiendo las atrocidades es el primer paso hacia la rendición de cuentas de los responsables y poner fin a los abusos", ha defendido en un comunicado.

El informe 'Congo, olvidado: Las cifras detrás de la crisis humanitaria más larga de África' usa los resultados de los dos primeros años de seguimiento del proyecto para examinar las tendencias generales del conflicto en esta zona del país, los principales factores que contribuyen a la violencia y los retos más amplios a que se enfrentan los esfuerzos de paz.

Según denuncian las organizaciones autoras del informe, las fuerzas de seguridad congoleñas en lugar de restaurar la seguridad con frecuencia han cometido abusos contra los civiles a los que deberían proteger. Altos cargos políticos y de Inteligencia así como oficiales de las fuerzas de seguridad han creado, apoyado y usado a grupos armados tanto en los Kivus como en otras zonas del país para hacerse con el control de tierras, recursos mineros o de fraudes fiscales.

El resultado del estudio, en el que han participado quince investigadores congoleños en las dos provincias con apoyo de otro personal en el país y fuera del mismo, ha permitido elaborar un mapa interactivo que muestra dónde están activos los grupos armados, donde se han producido los ataques y quién está detrás de los mismos.

BENI, EPICENTRO DE LA VIOLENCIA

El epicentro de la violencia, que ha afectado a los civiles en "niveles alarmantes" en estos dos últimos años, es el territorio de Beni. Aquí se han producido casi un tercio de los asesinatos de civiles, principalmente como resultado de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad congoleñas y el grupo islamista de origen ugandés Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF).

Otro de los puntos calientes de la violencia es el territorio de Rutshuru, donde se ha producido más de un tercio de los secuestros de civiles. Más al norte, en la confluencia de los territorios de Rutshuru, Walikale, Masisi y Lubero, ha habido significativos combates del Ejército, junto con milicias aliadas, con las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo armado hutu ruandés.

Por otra parte, el estudio indica que, al contrario de lo que se suele pensar, no existe una correlación sistemática entre la violencia y las zonas mineras. Así, solo el 20 por ciento de los incidentes violentos se produjeron en un radio de 20 kilómetros de una mina.

Según HRW y Congo Research Group, aunque parte de la violencia está directamente asociada con los esfuerzos para controlar las zonas mineras, los grupos armados obtienen ingresos de fuentes diversas como son la producción de carbón, la caza furtiva, el secuestro y el cobro de impuestos por bienes y movimientos.

"Los enfrentamientos en los últimos años demuestran que la paz y la estabilidad en el este de RDC son escurridizos", ha subrayado el director del Congo Research Group, Jason Stearns. "Hace falta un enfoque inclusivo, que incluya un programa de desmovilización fortalecido y reformas arraigadas a todos los niveles del Estado para contrarrestar la impunidad", ha advertido.

Desde la llegada al poder el nuevo presidente Felix Tshisekedi a principios de año, entre 2.000 y 3.000 combatientes se han entregado o expresado su intención de hacerlo, pero no existe un programa de desmovilización que funcione, según las dos organizaciones. En este tiempo, tampoco ha habido procesos contra comandantes del Ejército por abusos o por apoyar a grupos armados y muchos de quienes han cometido dichos abusos no han sido detenidos.