Leopoldo López aguarda una condena que le podría recluir una década
MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
Hace un año Venezuela se convulsionó como pocas veces durante el mandato de Hugo Chávez. La incipiente crisis económica y el agravamiento de problemas arraigados, como la inseguridad, sirvieron de cauce para las ansias de cambio político frustradas por el ascenso de Nicolás Maduro al poder, haciendo visible un hartazgo social hoy generalizado que amenaza la Revolución Bolivariana desde sus bases.
La causa de un estallido social tan sonoro como el de 2014 fue la represión gubernamental de las protestas por una economía que ya entonces daba signos de debilidad y la incesante escalada de violencia en las calles, personificada en el asesinato de la ex Miss Venezuela Mónica Spear y su marido en una carretera de Caracas.
Las fuerzas de seguridad se emplearon con especial ímpetu para contener las manifestaciones del siempre reivindicativo movimiento estudiantil, quizá por el convencimiento del Palacio de Miraflores de que el 'modus operandi' que frenó las protestas postelectorales de 2013 serviría un año después.
La ciudad de Mérida acogió las primeras protestas con la muerte de Héctor Moreno, estudiante de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes, que fue asesinado a tiros mientras trabajaba como portero de un club nocturno el 5 de enero de 2014.
Sus compañeros de la Universidad de Los Andes tomaron las calles día tras día y rápidamente contagiaron al vecino estado de Táchira, bastión opositor que recogió con gusto el testigo de la causa contra Maduro, llevándola a nivel nacional.
LA GRAN MARCHA DE CARACAS
Los sectores más activos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) aprovecharon la ocasión para reavivar la protesta política que quedó silenciada tras la victoria --por la mínima-- de Maduro frente a su candidato presidencial, Henrique Capriles, en las primeras elecciones celebradas tras la repentina muerte de Chávez.
Líderes opositores como Leopoldo López, María Corina Machado o Antonio Ledezma se aliaron con pujantes dirigentes estudiantiles y juntos lograron extender la movilización a las principales ciudades venezolanas, alumbrando así una especie de cruzada nacional.
El 12 de febrero, Día de la Juventud en Venezuela, decenas de miles de personas acudieron, en una imponente exhibición de fuerza de uno y otro lado, a las convocatorias de Gobierno y oposición y marcharon por Caracas en un ambiente festivo, aunque tenso por el temor a que las columnas rivales llegaran a cruzarse.
El fatal encuentro tuvo lugar a las puertas de la Fiscalía. Un grupo de manifestantes, atendiendo al llamamiento hecho días atrás por López, se concentraron frente a la sede del Ministerio Público para exigir la liberación de los detenidos. Los guardias de seguridad se lo impidieron, provocando un choque brutal.
El oficialista Juan Montoya y el estudiante Bassil da Costa se convirtieron así en las primeras víctimas de esta oleada de protestas y sus muertes sirvieron de excusa para que Gobierno y oposición se acusaran mutuamente de armar a grupos de mercenarios para desatar el caos en las calles.
GUERRILLA URBANA
El 12 de febrero fue el primer día de un largo año plagado de protestas a favor y en contra de Maduro que desembocaron en auténticas batallas callejeras y que aún hoy se producen en las llamadas ciudades rebeldes, como San Cristóbal, aunque con menos intensidad.
Al movimiento estudiantil se unieron grupos de radicales que reventaron las manifestaciones desde sus entrañas lanzando cócteles molotov, atacando con varas de hierro y piedras y levantando barricadas incendiadas para marcar el territorio 'antichavista' en todos los barrios.
El Gobierno desplegó policías y militares que respondieron usando toda la fuerza de la que eran capaces contra manifestantes pacíficos y violentos. Emplearon fuego real, bombas de ruido, gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a una multitud enfervorizada que amenazaba con llegar a las mismas puertas de Miraflores.
A ello hay que sumar un tercer elemento extraño: grupos de encapuchados motorizados y fuertemente armados. El Gobierno denunció que eran mercenarios pagados por Estados Unidos y sus aliados regionales e infiltrados por la derecha venezolana. La oposición, en cambio, acusó a Maduro de armar a las bases 'chavistas' para eliminar a la disidencia.
El resultado fueron 43 muertos --33 civiles y 10 uniformados--, 878 heridos --600 civiles y 278 agentes-- y 3.351 detenidos, de los cuales solamente 41 siguen arrestados, entre ellos importantes miembros de la oposición y del movimiento estudiantil.
REDADA CONTRA LA OPOSICIÓN
Maduro se sirvió de la 'guarimba' (violencia callejera) para recuperar sus ya tradicionales denuncias sobre oscuros planes en su contra orquestados dentro y fuera de Venezuela para derrocar a su Gobierno, abriendo así la veda para una especie de redada contra todo el que desafiaba su poderío.
El primero en caer fue López. Señalado por el 'chavismo' como autor intelectual de los disturbios del 12 de febrero, seis días después se entregó a las autoridades en una marcha blanca hacia la Fiscalía. Desde entonces, está recluido en la cárcel militar de Ramo Verde acusado de diversos delitos por los que podría ser condenado a hasta diez años de prisión.
Al líder de Voluntad Popular le siguieron los alcaldes de San Cristóbal y San Diego, Daniel Ceballos y Enzo Scarano, respectivamente, que fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y despojados de sus cargos durante un año acusados de favorecer la violencia en sus municipios.
Sobre otros líderes opositores pende la espada de Damocles. El dirigente de Voluntad Popular Carlos Vecchio tuvo que huir y aún hoy sigue en paradero desconocido. La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, fue expulsada de la Asamblea Nacional y ahora se enfrenta a un juicio por traición a la patria.
DIÁLOGO FRUSTRADO
Así las cosas, incluso el siempre autónomo Gobierno venezolano se vio obligado a admitir "errores" en su gestión del descontento social y a pedir ayuda a sus vecinos regionales para frenar una crisis política sin precedentes en los 14 años de mandato de Chávez.
El salvavidas llegó de la mano de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) a través de los ministros de Exteriores de Ecuador, Colombia y Brasil y del nuncio apostólico en Caracas, que ejercieron de mediadores en un diálogo que consiguió sentar a la misma mesa a Gobierno y oposición.
Sin embargo, esta "conferencia por la paz" se quedó en la fotografía inaugural. Iniciadas en abril, las conversaciones a dos bandas se suspendieron en mayo, según denunció la oposición, por la negativa del Gobierno a ceder en las necesarias reformas democráticas exigidas por los demás partidos políticos.
A pesar de su pronta ruptura, Maduro logró su objetivo. El diálogo sirvió para rebajar la intensidad de las protestas contra su Gobierno y para abrir una brecha mortal en la oposición, dividida entre un sector moderado que se prestó a hablar con Miraflores y otro radical que todavía aboga por la movilización masiva.
ANIVERSARIO PELIGROSO
Las protestas solo fueron el inicio de un 'annus horribilis' para Maduro, a quien la realidad de una crisis económica galopante, que ha borrado los logros sociales del 'chavismo', ha vuelto a poner contra las cuerdas.
El Gobierno ha hecho uso de su argumento estrella, denunciando una "guerra económica" de la derecha internacional, y ha pedido comprensión al pueblo venezolano por si llegara el momento de tomar medidas extremas.
Esta vez parece que Maduro ha tocado fondo, al menos según las encuestas de opinión, y la oposición aguarda su momento para resucitar las protestas, ahora con aspiraciones de "cambio real", bebiendo de un descontento social generalizado que podría acabar con el mandato hegemónico del 'chavismo'.