Crónica Ruanda.- Los ruandeses recuerdan el genocidio de 1994 a sólo nueve meses de que concluya el mandato del TPIR

Entre abril y junio de 1994 fueron asesinados 800.000 personas tras el asesinato del presidente Juvénal Habyarimana

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los ruandeses conmemoran desde el pasado lunes el decimocuarto aniversario del magnicidio que dio lugar al genocidio de 1994, en el que murieron alrededor de 800.000 personas, en su gran mayoría tutsis. La celebración coincide con el próximo final del mandato del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), el cual, según diversas organizaciones de Derechos Humanos, ha incumplido su misión de juzgar a "todos los responsables" de los hechos, entre los que figura nada menos que el actual presidente ruandés, el tutsi Paul Kagame.

Todo comenzó el 6 de abril de 1994, cuando el avión en que viajaba el presidente Juvénal Habyarimana fue derribado por un misil. En el atentado, cuya autoría sigue sin conocerse, murió también el entonces presidente de Burundi, el hutu Cyprien Ntaryamira.

Habyarimana, de etnia hutu, había gobernado el país desde 1973 tras un golpe de Estado y había instaurado un régimen que en sus 20 años de existencia favoreció a los hutu. En octubre de 1990, un grupo de exiliados tutsis que habían atravesado la frontera tras desertar en masa del Ejército ugandés se alzaron en armas contra el Gobierno, agrupados en el Frente Patriótico Ruandés (FPR).

Entre ese año y 1993, los medios de comunicación progubernamentales se lanzaron a una campaña contra los tutsis y los hutus opositores, a los que acusaban de cómplices del FPR. El acuerdo de paz de agosto de 1993 parecía que iba a poner fin al conflicto, pero la muerte de Habyarimana levantó la caja de los truenos.

Entre abril y junio, el Ejército, la Guardia Presidencial, la Policía paramilitar y las milicias Interahamwe lanzaron una auténtica persecución masiva contra las "cucarachas tutsis", atizada por medios de comunicación, sacerdotes e intelectuales de toda laya, que fue respondida con la misma violencia por las milicias del FPR, el Ejército Patriótico Ruandés (APR).

Como suele suceder con África, la atención internacional sólo dirigió su mirada a las matanzas de Ruanda después de que fueran asesinados diez 'cascos azules' belgas en abril de 1994, tras lo cual el contingente de la antigua potencia colonial abandonó el país por motivos de seguridad. En apenas dos semanas, la misión de la ONU (UNAMIR) pasó de 2.165 a 270 efectivos.

Ante tamaña desprotección internacional, que violaba el propio mandato de la UNAMIR, las matanzas se cobraron en tres meses la vida de al menos 800.000 tutsis y hutus opuestos al régimen, en su mayoría asesinados con machetes y otras armas blancas. En este mismo periodo, según la ONU, se cometieron entre 250.000 y 500.000 violaciones, muchas de las cuales contribuyeron a propagar el sida de forma imparable.

EL "DOBLE GENOCIDIO"

El 22 de junio, la ONU autorizó el envío de una fuerza de interposición francesa y el 4 de julio, el FPR consiguió el control de todo el país. La guerra concluyó el 16 de julio, después de que las fuerzas francesas se hicieran con el sur de Ruanda. Fue el final de la guerra y el principio del calvario para millón y medio de hutus, que empezaron a huir al entonces Zaire (actual República Democrática del Congo) por temor a venganzas.

Muchos de los hutus huidos se rearmaron en los campos de refugiados y planificaron la invasión de Ruanda. Según diversas organizaciones de Derechos Humanos, esta circunstancia sirvió de excusa a Paul Kagame, que se hizo con el poder tras la victoria del FPR, para perseguir y asesinar a numerosos hutus que habían cruzado la frontera y para, con ayuda de multinacionales occidentales, ocupar en 1996 zonas del este de Congo riquísimas en coltán, un mineral estratégico para las telecomunicaciones.

La implicación de Kagame en estas matanzas está relacionada con la polémica surgida alrededor del llamado "doble genocidio", defendido por numerosas organizaciones locales e internacionales que, sin negar el genocidio de 1994, han denunciado el olvido en que han caído las víctimas del FPR y de Kagame.

En junio de 1994, con los hechos muy recientes, el relator especial de la ONU para Ruanda, René Degni-Ségui, recomendó que se investigase el atentado contra el avión de Habyarimana, por considerar que supuso el "nudo gordiano" del genocidio.

Por su parte, el juez Jean-Louis Bruguière acusó en noviembre de 2006 al régimen de Kagame y al FPR de haber orquestado el asesinato de Juvénal Habyarimana para provocar el genocidio a fin de hacerse con el control del país. Bruguière, al igual que el español Fernando Andreu, han iniciado acciones legales contra altos dignatarios del régimen por la muerte de cuatro millones de ruandeses, víctimas de un plan de "exterminio por razones étnicas" llevado a cabo por el FPR entre 1990 y 2002.

En respuesta a estas iniciativas, el Parlamento ruandés instó al Gobierno a principios de marzo a que actúe judicialmente contra Andreu por "negación del genocidio" y el presidente Kagame ha arremetido recientemente contra la "arrogancia" de los jueces extranjeros. Aparte, las acciones de Bruguière han sido duramente criticadas por el ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, quien durante su visita a Kigali el pasado 26 de enero llegó a calificar a Kagame como "un representante del Bien contra el Mal".

La persecución del "negacionismo", término con el que el régimen descalifica la tesis del "doble genocidio", condujo el pasado mes de febrero a que el Gobierno aprobase una ley por la cual se condena a entre 10 y 25 años de cárcel a "cualquier persona que sea declarada culpable del crimen de apología del genocidio", una iniciativa que según expertos en Derechos Humanos está sirviendo para perseguir a los opositores al régimen de Kagame.

EL TPIR

La polémica es tanto mayor cuanto que en diciembre de este año concluye el mandato del TPIR, creado en octubre de 1994 por el Consejo de Seguridad de la ONU para juzgar a los responsables del genocidio, con jurisdicción para todas las violaciones perpetradas entre enero y diciembre de 1994 y con competencia para juzgar a todos los funcionarios y militares de alto nivel ruandeses que hubieran escapado del país.

La primera causa se inició en 1997. En junio de ese año fue condenado a cadena perpetua el antiguo alcalde de la ciudad de Taba, Jean Paul Akayesu. Se trataba de la primera condena internacional por genocidio y era la primera vez que se reconocía la violencia sexual como acto constitutivo de genocidio. El procesado más relevante hasta la fecha ha sido el que fuera primer ministro durante las fechas del genocidio, Jean Kambanda, condenado a cadena perpetua.

A finales de octubre de 2005, el TPIR había ordenado la detención de más de 500 personas, 71 de las cuales ya estaban en su poder. Hasta abril de 2007, el tribunal --con sede en Arusha, en Tanzania--- había dictado 27 sentencias contra 33 procesados, entre ellos tres propietarios de medios de comunicación acusados de incitar al odio étnico y al genocidio.

El último procesado ha sido el sacerdote católico ruandés Athanase Seromba, condenado a mediados de marzo de este año a cadena perpetua por ordenar en abril de 1994 la demolición de una iglesia en la que se intentaban refugiar 1.500 tutsis, causando la muerte de los que ya se encontraban en su interior.

No obstante, a finales del pasado mes de marzo, la Fundación por una Justicia Internacional Imparcial para Ruanda (AJIIR), con sede en París, denunció en carta abierta al fiscal jefe del TPIR, Hassan Bubacar Jallow, que, "a diez meses de que concluyan los procesos en primera instancia, no se ha abierto ni se ha anunciado ninguna acción contra los miembros del APR", por lo que expresó su temor de que finalmente el tribunal "no presente acusación contra todos los responsables de actos de genocidio y otras violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario".