Cuando el agua deja de ser fuente de vida

Comunidades de la Amazonía ecuatoriana atribuyen los altos índices de cáncer en la región al agua contaminada por la industria petrolera

QUITO, 22 Mar. (Por Luis Yanza, fundador del Frente de Defensa de la Amazonía, FDA) -

El agua es un líquido incoloro, inodoro e insípido. Así nos enseñaban los profesores de ciencias naturales en la escuela. Y es cierto, pues esas son las características físicas del agua en su estado
natural. Pero en el norte de la Amazonía ecuatoriana, el agua de la mayor parte de sus abundantes fuentes naturales sí tiene color, sabor y olor. ¿Por qué?

En el testimonio de Gladys Huanca está la respuesta: "Yo llegué a vivir en 1991, recién casada, a la comunidad Centinela de la Patria, que pertenecía a la provincia Napo. A los pocos meses hicimos una casita y en 1994 perforaron un pozo de petróleo y construyeron dos piscinas grandes para los residuos. Cuando acabaron de perforar quedaron esas piscinas allí con el lodo tóxico que habían sacado; por eso tenía mal olor", explica la mujer.

"Como llovía bastante empezó a bajar hacia donde nosotros consumíamos el agua que antes era limpia; la consumíamos para los alimentos, para bañarnos, para todo eso nos servía el pozo de agua. Desde entonces el agua cambió de color, tenía mal olor; el agua era turbia, con aceite (...). Al poco tiempo mi esposo se enfermó y en 2006 se puso bien grave; me dijeron que era cáncer", recuerda. Según Huanca, su marido había vivido desde joven "con su familia en Sacha y allí la Texaco ya había estado perforando pozos".

Huanca tiene 53 años y ahora vive en la ciudad de Coca, provincia de Orellana. Tiene cuatro hijas y una nieta de seis años. José Gallegos, el esposo de Gladys, no llegó a vivir la alegría de esta primera nieta. Murió en mayo de 2006, con 40 años de edad, a causa del cáncer.

La historia de Gladys es la historia de muchas personas que han perdido a seres queridos como consecuencia de vivir en un medio ambiente en el que las sustancias contaminantes generadas por las actividades extractivas --especialmente la extracción de petróleo--están esparcidas en el aire, en el suelo y, particularmente, en el agua. Por eso adquiere color, olor y sabor desagradables, como afirma Gladys. El agua, símbolo y esencia de la vida, se ha convertido en un elemento que provoca enfermedad y muerte.

LA INCIDENCIA DEL CÁNCER EN LAS REGIONES CONTAMINADAS

Los índices de cáncer son particularmente altos en esta región amazónica. Como lo confirma un estudio realizado en 1999, en la comunidad San Carlos, ubicada dentro del campo petrolero Sacha, existía un riesgo 2,26 veces más alto de contraer cáncer y había 3,6 veces más muertes a causa de esta enfermedad.

Otro estudio, realizado en un área afectada más amplia, determinó que, entre 1985 y 2000, se diagnosticaron 91 casos de cáncer de los cuales 42 correspondían a leucemia en niños y niñas menores de 14 años. Ambas investigaciones fueron realizadas por el Instituto de Salud
Comunitaria 'Manuel Amunárriz', en alianza con la Misión Capuchina de Coca y otros organismos extranjeros.

La presencia de la enfermedad es uno de los principales efectos de la contaminación del agua a causa de las actividades extractivas que empezaron en el año 1964, cuando arribó a la Amazonía ecuatoriana la primera compañía petrolera: Texaco, hoy llamada Chevron. Llegó a explotar petróleo y generar divisas para "sacar a Ecuador del subdesarrollo", según decían las autoridades públicas de esa época.

Sin embargo, tras esa promesa se escondían intereses más prosaicos: obtener beneficios invirtiendo poco, o nada, en la tecnología necesaria para tratar los desechos contaminantes. Esto provocó que, entre 1967 y 1990, más de 60.000 millones de litros de agua tóxica, y otra cantidad
similar de petróleo, fueran a parar a los ríos, esteros y pantanos del norte de la Amazonía.

Además, dejaron abandonadas cerca de 1.000 fosas con miles de toneladas de desechos contaminantes. Todos estos elementos nocivos están diseminados en un área de 500.000 hectáreas --equivalente a la
superficie de los municipios de Cáceres, Lorca y Badajoz juntos-- y, a través del agua subterránea, se dispersan a los esteros, ríos y pozos someros que muchas familias construyen para abastecerse de agua.

LA DOBLE LUCHA DE LAS COMUNIDADES: PURIFICAR EL AGUA Y CONSEGUIR LA REPARACIÓN EN LOS TRIBUNALES

Desde 1993, las comunidades afectadas vienen impulsando una acción jurídica para lograr la reparación de los daños provocados por Texaco. A pesar de que consiguieron, en 2011, una sentencia a su favor, la reparación aún no se ha hecho efectiva.

La compañía se ha negado a pagar los 8.600 millones de dólares que ordenó la Corte de Justicia de Sucumbíos --condena ratificada por instancias superiores de justicia de Ecuador-- y la batalla judicial se ha trasladado ahora a Canadá, donde las víctimas esperan que la justicia obligue a Chevron a responder con sus bienes para restaurar el suelo contaminado e implementar sistemas de agua potable y de salud para las comunidades.

Hoy, la contaminación del agua permanece casi intacta en esta zona del Amazonas, lo que ha llamado la atención de diversas ONG extranjeras --entre ellas, la española Manos Unidas-- que han sumado sus esfuerzos para apoyar a las comunidades con proyectos específicos que traten de solucionar la falta de agua potable segura.

En este sentido, el Frente de Defensa de la Amazonía --formado por
organizaciones y comunidades de base afectadas por las actividades extractivas-- ha venido estableciendo alianzas estratégicas con estas ONG para instalar sistemas de tratamiento de agua de lluvia, con el propósito de proveer de agua segura a las familias más afectadas.

Estos sistemas purifican el agua de manera natural, sin necesidad de usar productos químicos, y constituyen una alternativa rápida, económica y ecológicamente viable que está siendo replicada incluso por algunas municipalidades, lo que supone un importante paso para mejorar la salud de las familias. Desde 2008 hasta 2016 se han instalado, aproximadamente, 500 sistemas para igual número de familias residentes en 130 comunidades, lo que ha beneficiado a casi 2.000 personas de las
provincias de Orellana y Sucumbíos.

Estos esfuerzos son significativos, sí, pero para solucionar la falta de agua en la región se requiere de mayores recursos, los cuales deben provenir del Estado, pues es quien tiene la responsabilidad de
garantizar el agua potable para sus habitantes. Por tanto, aún hay mucho por hacer, y esto dependerá también de los esfuerzos de las propias comunidades a partir de su empoderamiento político y el conocimiento de sus derechos.

Precisamente en este camino se encuentra el Frente de Defensa de la Amazonía y otras organizaciones solidarias. Sin duda, un gran desafío.