Cuatro estados de EEUU demandan al Gobierno por derogar el programa que impide la deportación de 'dreamers'

SAN FRANCISCO (ESTADOS UNIDOS), 11 (Reuters/EP)

Un total de cuatro estados de Estados Unidos han demandado este lunes al Gobierno por su decisión de derogar el programa que da acceso a permisos de trabajo a quienes ingresaron al país de forma irregular siendo niños, aprobado en 2012 por el Gobierno de Barack Obama.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, ha afirmado que la decisión del presidente del país, Donald Trump, es "una farsa económica" para el estado más poblado del país, dependiente de la mano de obra inmigrante.

Los estados de Minnesota, Maryland y Maine se han unido a California en su demanda. El Departamento de Justicia estadounidense no se ha pronunciado por el momento.

Trump ya había puesto en su punto de mira el programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), que protege de la deportación a cerca de 800.000 personas de entre 15 y 36 años. La iniciativa también autoriza a pedir permisos de trabajo a los beneficiarios, conocidos como 'dreamers'.

Trump cuestionó tras aprobar la derogación del programa la "amnistía ejecutiva" aprobada por Obama sin el acuerdo del Congreso.

"No estoy a favor de castigar a niños, la mayoría de ellos ya adultos, por las acciones de sus padres, pero también debemos reconocer que somos una nación de oportunidades porque somos una nación de leyes", esgrimió.

Posteriormente, el mandatario recordó que ahora corresponde al Congreso tomar medidas, algo que también ha señalado en un 'tuit' con el que se mostró dispuesto a trabajar junto a republicanos y demócratas. El objetivo, añadió, es cerrar una reforma migratoria que anteponga los intereses de los estadounidenses que "trabajan duro".

La derogación ordenada por el Gobierno es progresiva y deja en manos del Congreso la aprobación de una reforma que, entre otras cuestiones, deberá aclarar el futuro de los 'dreamers'.

La Administración Trump sí ha dejado claro que estas personas no serán prioridad para los servicios de seguridad, a no ser que estén involucradas en actividades delictivas.