MANILA 8 Ago. (Reuters/EP) -
Las fuerzas de seguridad de Filipinas han informado de que decenas de mandos de la Policía y alcaldes se han presentado este lunes ante las autoridades del país después de que el presidente, Rodrigo Duterte, los acusara públicamente de estar implicados en tráfico de drogas.
Más de 400 presuntos traficantes han muerto a manos de la Policía en todo el país en los últimos meses, según han señalado las fuerzas de seguridad. Este lunes, 27 alcaldes y 31 policías han comparecido frente a las autoridades en Manila, la capital del país, para intentar limpiar sus nombres después de que Duterte les señalara públicamente la víspera como implicados en tráfico de drogas.
Duterte, que ganó las elecciones en mayo tras prometer mano dura en la lucha contra las drogas y el crimen organizado, identificó este domingo a unos 160 mandos de la Policía, fiscales, jueces y altos mandos militares. "Quiero cambiar", ha explicado a la cadena filipina ABS-CNN un empresario acusado de ser uno de los principales traficantes del país.
Conocido como "el verdugo" o "el castigador" por la brutal persecución del crimen establecida en el país bajo su presidencia, Duterte se ha enfrentado a varios grupos de activistas, que han instado a la ONU a intervenir y condenar el aumento de las ejecuciones extrajudiciales.
El jefe de la Policía Nacional, Ronald dela Rosa, ha reprendido a los agentes que se encontraban en la lista de Duterte y ha amenazado con matarlos si continúan encubriendo a los traficantes. "Estoy muy enfadado con lo que está sucediendo", ha aseverado Dela Rosa. "Estoy avergonzado. Deberíamos ser los que arrestamos a los traficantes y, por el contrario, lo que hacemos es encubrirlos. Os mataré si no cambiáis", ha indicado Dela Rosa.
Los agentes involucrados están siendo investigados y pueden enfrentarse a sanciones administrativas y penales, según ha informado el portavoz de la Policía Nacional, Dionardo Carlos. La lista presentada por Duterte incluye a militares, paramilitares, jueces, abogados y jefes de la Policía, entre otros.
La presidenta del Tribunal Supremo, Maria Lourdes Sereno, ha afirmado este lunes que sólo el presidente del tribunal puede sancionar o destituir a los magistrados.