SANTO DOMINGO, 17 Jul. (Reuters/EP) -
Decenas de miles de personas se han manifestado este domingo en la capital de República Dominicana, Santo Domingo, para protestar contra la corrupción en el país, tras un caso de sobornos que involucra a altos funcionarios de Gobierno.
Los manifestantes, principalmente jóvenes y vestidos de verde --el color emblemático del movimiento ecologista local--, desbordaron una ancha avenida del centro de Santo Domingo agitando banderas nacionales y cantando consignas a favor de la renuncia del presidente y otros funcionarios.
Los organizadores de las protestas han asegurado que ciudadanos dominicanos han marchado también en el extranjero, en ciudades como Miami, Nueva York y Madrid, como parte de la llamada "Marcha Verde", un movimiento que ha convocado manifestaciones desde enero.
La protesta ha sido la más grande de las siete convocadas desde ese mes y que se produjeron después de una investigación que reveló que ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht pagó 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios dominicanos.
"La gente no tiene recurso legal, no tenemos nadie que nos represente. Pero el Gobierno no puede reprimirlas", ha dicho en referencia a las marchas Iván Veloz Cabral, un empresario de 69 años propietario de una pequeña fábrica de ropa deportiva.
Odebrecht ha pagado 184 millones de dólares en compensación por los cargos de sobornos, y catorce funcionarios y empresarios han sido acusados en el caso que ha desatado una profunda ira por décadas de presunta corrupción gubernamental.
Temístocles Montas, un aliado cercano del presidente, Danilo Medina, y Víctor Díaz Rúa, tesorero del partido oficialista, han sido encarcelados y otras seis personas están bajo arresto domiciliario a la espera de juicio. Los restantes acusados están libres bajo fianza.
Montas, quien niega haber incurrido en delito, renunció al cargo de ministro de Comercio tras ser acusado.
Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, llegaron el pasado diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el cual admiten el pago de sobornos a funcionarios de 12 países para conseguir contratos públicos.
Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.