La defensa de Rousseff dice que el procedimiento de juicio político es "nulo"

SAO PAULO, 5 Abr. (Reuters/EP) -

El representante de la Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil, José Eduardo Cardozo, ha dicho este lunes ante el Congreso que los procedimientos para un juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff, deben ser considerados "nulos".

Cardozo, cuya función es la de defensor del Estado, ha defendido ante una comisión parlamentaria que el proceso está "viciado". En este sentido, ha hablado de "desvío de poder" al referirse a la decisión del jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de aceptar el pedido para que se abra el procedimiento de juicio político.

Cardozo ha sostenido que Cunha aceptó el pedido "por venganza", motivado por su deseo de emprender una revancha política contra Rousseff. "La apertura del proceso de juicio político está viciado, por lo tanto es nulo", ha reiterado Cardozo, en declaraciones ante los legisladores.

El abogado defensor ha criticado la falta de información sobre el acuerdo de delación compensada del senador Delcídio do Amaral en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en Petrobras. Ello --según ha añadido-- implica la nulidad del proceso.

En el inicio de su exposición ante la comisión especial, Cardozo ha señalado que en el régimen presidencialista adoptado por la Constitución de 1988 el juicio político "es una situación de excepcionalidad absoluta" y que un presidente no puede ser separado del puesto por cuestiones políticas.

La oposición argumenta que se debe llevar adelante el juicio político porque Rousseff manipuló deliberadamente las cuentas presupuestarias para impulsar su campaña por la reelección en 2014.

La comisión tendrá la tarea de emitir una recomendación a la Cámara baja respecto a si existen o no bases para impugnar a Rousseff, lo que llevará al pleno del Parlamento a votar sobre la decisión, algo que podría suceder a mediados de abril.

Los opositores a Rousseff necesitan los votos de dos tercios de los 513 diputados para llevar el procedimiento de impugnación hasta el Senado. La mandataria requiere de 171 votos o abstenciones para bloquear el proceso.