CARACAS, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, ha asegurado este miércoles que la cesión de competencias a favor de su institución "no menoscaba" el poder de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que en los últimos meses ha pronunciado sus primeras críticas contra el Gobierno de Nicolás Maduro por la gestión de la crisis que sufre la nación caribeña.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha decidido en una sentencia publicada durante la noche del martes que a partir de ahora la Defensoría del Pueblo podrá "tener acceso a todos los actos de investigación que cursen en el Ministerio Público" y "solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen diligencias de investigación".
Saab, en una entrevista concedida a Circuito Éxitos, ha explicado que se trata de una decisión "aclaratoria" para el sistema de justicia en su conjunto "porque ha ocurrido que los jueces han limitado y buscado obstaculizar al labor de la Defensoría del Pueblo, como la de asistir a una víctima de una violación de los Derechos Humanos en un tribunal".
Para el funcionario venezolano, se trata de "un precedente positivo" que "no menoscaba" en modo alguno a la Fiscalía General. "Su labor es meter presos a quienes cometan un delito" y la Defensoría del Pueblo "no califica ni imputa", ha argumentado.
Saab ha advertido de que las críticas a esta decisión judicial son "un intento de colocar en contradicción y peleas a las instituciones". "Se busca hacer daño de esa forma, manipulando la verdad", ha lamentado, según informa el diario venezolano 'El Universal'.
Los críticos con el Gobierno han interpretado esta resolución como un revés para Ortega Díaz, una leal 'chavista' que se ha desmarcado de la línea oficial para reprochar a Maduro la brutal represión de las protestas opositoras, los juicios militares a civiles y la convocatoria de una Asamblea Constituyente, entre otras cosas.
La Mesa de Unidad Democrática (MUD) lleva desde el pasado mes de abril protagonizando protestas multitudinarias en las calles de Caracas y otras grandes ciudades para denunciar la injerencia de Maduro en los demás poderes del Estado, así como las crisis económica y "humanitaria". Alrededor de 80 personas han muerto y miles han sido detenidas.