BANGKOK 2 Mar. (Reuters/EP) -
La organización Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos ha denunciado que la junta militar que gobierna Tailandia está aumentando la intimidación a los académicos críticos con el envío de uniformados a sus casas.
Desde que el Ejército tomó el poder hace casi ya dos años, al menos 77 académicos han sido acosados en sus casas por militares que les presionan para que cambien de postura política o les internan en campos de adoctrinamiento, de los que son liberados un par de días después, según este colectivo de abogados defensores de Derechos Humanos.
Al menos cinco académicos han sido obligados a exiliarse, ha denunciado Poonsuk Poonsukcharoen, miembro del grupo de abogados. Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos se dedica a ofrecer ayuda legal y a denunciar las violaciones de derechos en Tailandia. Como organización tiene gran influencia en las ONG internacionales, en la Unión Europea y en otros gobiernos extranjeros.
"Con la legitimidad y los logros reduciéndose, la junta siente la presión y silencia a los críticos para mantenerse en el poder", ha explicado Poonsuk a Reuters.
La semana pasada, el académico tailandés exiliado Pavin Chachavalpongpun denunció en las redes sociales que la junta castrense está intimidando a su familia en Tailandia. "Vigilarme a mi es inaceptable pero ir detrás de mi familia ya es demasiado", ha explicado a Reuters. "Este tiene que ser la acción más temeraria de la junta", ha añadido.
Pavin da conferencias en el extranjero sobre la monarquía tailandesa, un tema muy delicado que no se puede discutir abiertamente en Tailandia porque la legislación sanciona los insultos a la monarquía.
Un portavoz de la junta, el coronel Winthai Suvaree, ha negado que el Ejército esté persiguiendo a los académicos y ha asegurado a Reuters que no le consta ninguna intimidación a la familia de Pavin.
Las autoridades emitieron una orden de arresto para Pavin en junio de 2014, un mes después del golpe de estado, por ignorar una citación de la junta para presentarse a una sesión de "ajuste de actitud" mientras estaba en el extranjero. Le retiraron el pasaporte en julio de ese mismo año.
La junta militar gobernante ha intentado revivir la segunda economía más importante de Asia desde 2014, cuando dió un golpe de estado y derrocó a un Gobierno elegido democráticamente para poner fin a meses de agitación política. También ha habido protestas contra la junta, pero siempre han sido rápidamente sofocadas por el Ejército y la Policía.
Algunos tailandeses apoyaron el golpe de estado, pero los críticos han acusado al Ejército de retrasar la vuelta de la democracia aplazando la fecha de las elecciones en varias ocasiones.
Grupos en defensa de los Derechos Humanos han asegurado que la junta ha utilizado métodos autoritarios para reprimir sistemáticamente los derechos y acallar a los críticos.
Según un informe de Amnistía Internacional publicado el 24 de febrero, Tailandia rechazó la petición internacional de no silenciar a los disidentes.