El 'delfín' de Nkurunziza se haría con el 80% de los votos en Burundi, según los primeros resultados oficiales

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato gubernamental de Burundi, Evariste Ndayishimiye, marcha en cabeza en el recuento de las presidenciales del miércoles con el 80 por ciento de los votos, según los primeros resultados oficiales, lo que ha llevado al principal líder opositor, Agathon Rwasa, a denunciar un fraude.

El presidente de la comisión electoral burundesa, Pierre Claver Kazihise, ha señalado que los resultados corresponden al recuento en poco más del doce por ciento de las comunas del país, en un anuncio realizado por sorpresa a última hora del jueves a través de la cadena de televisión pública.

De esta forma, el 'delfín' del presidente saliente, Pierre Nkurunziza, lograría mantener el dominio del gubernamental Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), en medio de la crisis en la que lleva años sumido el país.

Rwasa ha reaccionado para rechazar lo que describe como "resultados de fantasía que no se corresponden con la realidad", según ha informado el portal de noticias Burundi Daily, mientras que su partido, el Congreso Nacional para la Libertad (CNL), ha denunciado irregularidades en la votación y el recuento.

En este sentido, el líder del CNL ha señalado que los datos de los recuentos con los que cuenta su formación apuntan a su victoria en el triple escrutinio del miércoles, cuando se celebraron presidenciales, parlamentarias y locales.

Asimismo, el portavoz del CNL, Terence Manirambona, ha denunciado la detención de 200 miembros de la formación durante la jornada de votación y el jueves, antes de detallar que "la mayoría de ellos eran observadores del CNL en colegios electorales".

"Pasó en todas las provincias del país, pudimos ver que era una caza contra ellos", ha dicho, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión británica BBC. La Policía no se ha pronunciado por ahora, si bien el Gobierno ha destacado que la votación tuvo lugar en un clima de calma.

Manirambona ha alertado de que los observadores del partido o "cualquiera que dijera a los trabajadores de la mesa electoral que lo que están haciendo va contra la ley serán acusados de alterar la votación y encarcelados".

Por otra parte, las autoridades desbloquearon a última hora del jueves el acceso a redes sociales, suspendido el miércoles a primera hora de cara a la votación, tal y como ha recogido el diario independiente 'Iwacu', que ha afirmado que el acceso a su web --bloqueado en 2017-- sigue sin ser posible desde dentro del país africano.

REPUNTE PREVIO DE LA VIOLENCIA

Las elecciones han estado marcadas por un repunte de la violencia y ante el temor de que el país se vea arrastrado a una crisis violenta como la de 2015, cuando Nkurunziza decidió presentarse a un tercer mandato, a pesar de que la oposición denunciaba que ello violaba el acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil (1993-2005).

La comisión de investigación de la ONU para Burundi expresó el 14 de mayo su "alarma" por el "incremento de la intolerancia política" y los "numerosos actos de violencia y las violaciones de los Derechos Humanos" durante la campaña.

En su comunicado, resaltó que los enfrentamientos entre seguidores de los dos principales partidos "están en aumento", así como "el discurso de odio y la incitación a la violencia contra los opositores políticos, principalmente desde el CNDD-FDD".

La comisión afirmó que "los cercanos al partido gubernamental siguen contando con una impunidad prácticamente total por sus abusos, incluidos los responsables de actos violentos" y apuntó igualmente a la "falta de independencia e imparcialidad" de la comisión electoral.

La votación tiene lugar además en ausencia de observadores de los principales organismos regionales e internacionales, incluidos los de la ONU, la Comunidad Africana Oriental (EAC) y organizaciones civiles, a raíz de las críticas a las elecciones de 2015.

Asimismo, se celebra en medio de la pandemia de coronavirus y menos de una semana después de que el Gobierno expulsara del país al jefe de la delegación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a otros tres integrantes de la misma, sin ofrecer ningún motivo para justificar su decisión.