Denuncian ante la ONU la nueva ley contra la libertad de expresión en Cuba como un crimen de lesa humanidad

La ONG pide actuar "a la mayor celeridad" porque esta "tendencia represiva" podría alcanzar a miles de personas

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Cuban Prisoners Defenders ha presentado una denuncia ante Naciones Unidas contra la nueva ley contra la libertad de expresión en Cuba por considerar que la "ferocidad" con la que se aplica contra disidentes, pero también contra periodistas independientes e incluso funcionarios, es constitutiva de un crimen de lesa humanidad.

La denuncia de la ONG, presentada el pasado 8 de junio ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se refiere al Decreto Ley 370, promulgado el 4 de julio de 2019 pero cuyos efectos se han sentido con "mayor fuerza" desde enero y "se han sistematizado y generalizado de forma más masiva, realizándose con un 'modus operandi'", desde finales de marzo, coincidiendo con el inicio de la pandemia de coronavirus.

El Decreto Ley 370 penaliza "difundir a través de redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas". Las sanciones son en principio pecuniarias, con multas que van desde los 1.000 a los 10.000 pesos cubanos (unos 33 y 333 euros), pero pueden incluir también el "decomiso de los equipos y medios utilizados", "la suspensión de la licencia de forma temporal o la cancelación definitiva" y hasta "la clausura de las instalaciones".

Prisoners Defenders llama la atención sobre el hecho de que la cuantía de la multa excede con mucho los ingresos medios de los trabajadores cubanos, pudiendo ser "7,5 veces el (sueldo) de mucha parte de la población activa en Cuba". Estas "sanciones pecuniarias severas", sostiene la ONG, "llevan irremisiblemente (...) a la prisión por el artículo 170.1 del Código Penal", conforme al cual "el que no cumpla las obligaciones derivadas de una resolución (...) incurre en sanción de privación de libertad de uno a seis meses".

El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, ha incidido en este aspecto durante una comparecencia virtual celebrada este martes, indicando que "el diez por ciento de los presos políticos en Cuba están en prisión con motivo del artículo 170.1", donde pasan una media de dos años y nueve meses porque, dado que las multas son "impagables", se van acumulando. "Eso significa que, si tienes una multa, son seis meses (de cárcel); si tienes dos; doce, y así sin límites", ha ilustrado.

La ONG critica la ambigüedad de los términos usados en el Decreto Ley 370, puesto que "en la praxis sancionadora no existe el proceso para determinar el interés social y su perjuicio, habida cuenta de que en Cuba son considerados contrarios al interés social el debate y la crítica de políticas públicas, si no se articulan bajo el control del Estado", y que los conceptos de "moral" y "buenas costumbres" se definen por "la acepción mono-ideológica del Partido Comunista de Cuba" (PCC).

"Por tanto, tiene la Policía política en sus manos una puerta de entrada que sirve como instrumento idóneo de represión de la libertad de expresión y de opinión, entre otros derechos, asegurando con ello que las fallas del sistema socialista instituido, de sus instituciones y órganos oficiales, así como la gestión de sus dirigentes, no salgan a la luz pública ni se socialicen en redes sociales", expone Prisoners Defenders.

El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, ha enfatizado, en una comparecencia virtual celebrada este martes, que con ello "Cuba ha iniciado un proceso de normalización legislativa y de legitimación institucional de la represión de la libertad de expresión".

"MALTRATADOS DE OBRA Y PALABRA"

Además del marco legal, la ONG denuncia que ha dado lugar a "la persecución de periodistas independientes, activistas de Derechos Humanos y ciudadanos contestatarios (...) y que ésta se produce en la actualidad obligando forzosamente a éstos, por parte de los aparatos de Inteligencia del Estado bajo multas y amenazas de largas estancias en prisión, a renunciar a derechos universales y fundamentales", algo que se extiende también a sus familias.

En este sentido, cuenta que "preceden a la multa citaciones obligatorias falsas, así como arrestos sorpresivos sistemáticos", acciones de "naturaleza arbitraria" que llevan a cabo las fuerzas de seguridad "bajo un plan particularizado de agresión". "Las víctimas son amenazadas, intimidadas y maltratadas de obra y palabra por el mero ejercicio de los mencionados derechos fundamentales, buscándose la renuncia a éstos", afirma.

Camila Acosta, periodista de CubaNet, es una de las afectadas. Según ha contado en dicha comparecencia, a ella le aplicaron la 'ley azote' --como se ha referido al Decreto Ley 370-- por difundir por redes sociales un artículo del medio cubano sobre "las largas colas en La Habana para conseguir alimentos en medio del confinamiento". Le pusieron una multa de 3.000 pesos (unos 100 euros) y le confiscaron el teléfono móvil.

Asimismo, la ONG señala que, "a fin de no dejar huella o rastro documental, no se entrega a las víctimas resolución administrativa escrita en la que se detallen los hechos violatorios, las facultades de aplicación o los razonamientos de derecho que justifican la acción sancionadora, circunstancia esencial que impide su derecho material y técnico de defensa, así como el de recurrir a instancias superiores en recursos de apelación u otros que establece la propia legislación".

PIDE A LA ONU ACTUAR "A LA MAYOR CELERIDAD"

"El nivel de ejecución, impunidad, ferocidad y amplitud con el que se persigue a dichas víctimas debe encuadrarse como un crimen de lesa humanidad perpetrado por un Estado concreto, aislable, tipificable, que traspasa todos los límites legales y viola flagrantemente los Derechos Humanos en múltiples facetas, por lo que las organizaciones supranacionales, aún con el débil margen de maniobra que tienen en un Estado como Cuba, deben actuar a la mayor celeridad", reclama Prisoners Defenders.

La ONG recoge en su denuncia 33 casos de 23 víctimas de sanciones pecuniarias y de diez víctimas de "gravísimas amenazas y coacciones", si bien se muestra segura, de acuerdo con el "acervo popular", de que "cada vez más personas lo padecen". Según sus cálculos, el Decreto Ley 370 podría haber alcanzado "como poco" a entre 500 y mil personas, "entre civiles, funcionarios y actores sociales en pro de los Derechos Humanos en Cuba".

"Resulta obvio que esta tendencia represiva podrá alcanzar a muchos miles personas en los próximos meses/años si no se paraliza la descrita represión gubernamental y el Gobierno no recibe la presión de realizar cambios que sean compatibles con los Derechos Humanos fundamentales respecto a la libertad de expresión y de opinión, entre otras", alerta Prisoners Defenders.

"EFECTO EJEMPLARIZANTE"

El artista Amaury Pacheco, del Movimiento San Isidro, ha atribuido el Decreto Ley 370 y sus precedentes al creciente uso de Internet y las redes sociales por parte de todos los cubanos, no solo los activistas y disidentes. "Por eso el 370 es súper importante para ellos (el Gobierno), porque se ha abierto un espacio donde el cubano está debatiendo y debatiendo", ha apuntado en el encuentro digital.

Acosta ha puesto el foco sobre el "efecto ejemplarizante" de esta norma, esgrimiendo que el objetivo sería "silenciar no solo a la prensa independiente sino a todos aquellos que piensan diferente".

A este respecto, el líder opositor José Daniel Ferrer, jefe de la UNPACU, ha contado que cada vez más gente se niega a que "se escuche su voz" por "temor a las consecuencias". "Si el pueblo ni siquiera puede decir lo que está pasando, ¿cómo vamos a buscarle solución, cuando se reprime al que aboga por el necesario cambio para salir de tan terrible situación?", ha planteado.