Detectados nuevos fallos policiales en el caso del terrorista del atentado de Berlín

BERLÍN 18 May. (DPA/EP) -

Un mes de después de que el Gobierno alemán reconociese errores de calado en el caso del islamista Anis Amri, que en diciembre perpetró un atentado en un mercado de Berlín, las autoridades del país vuelven a estar este jueves en entredicho por otra actuación presuntamente cuestionable.

La sombra de duda se cierne ahora sobre la Policía Judicial de Berlín (LKA), un organismo sobre el que recae la sospecha de haber ocultado información relevante sobre el caso e incluso de haber manipulado el expediente policial del terrorista tunecino que perpetró el ataque.

El cruce de acusaciones entre las partes no ha cesado en las últimas horas y los ánimos están tan encendidos que el Gobierno de la ciudad-Estado de Berlín decidió presentar este miércoles una denuncia por obstrucción a la justicia.

"Una detención (previa al atentado) habría sido posible en base a un delito de tráfico de drogas", ha asegurado el senador de Interior de Berlín, Andreas Geisel, responsable de investigaciones terroristas en la capital alemana.

Según el político socialdemócrata, el expediente policial de Amri --en el que figuraban delitos por venta de estupefacientes-- fue modificado por las autoridades después de que el joven perpetrase el 19 de diciembre de 2016 un atentado en un céntrico mercado navideño de Berlín que acabó con la vida de doce personas y causó más de medio centenar de heridos.

Para hacer tales acusaciones, Geisel se basa en un informe realizado por el investigador Bruno Jost, en el que se indica que la Policía tenía constancia desde noviembre que Amri traficaba con drogas, dando a entender que el terrorista podría haber sido detenido antes de cometer el ataque.

Esta versión contradice la defendida por instancias policiales, quienes desde un comienzo insistieron en que los delitos de menudeo (venta de pequeñas cantidades de droga) cometidos por el terrorista antes del atentado no constituían motivo suficiente para ordenar su detención.

Cinco meses después del atentado, la cadena de errores que afecta a la investigación del "caso Amri" se antoja interminable.

Los datos que han ido saliendo a la luz han puesto contra las cuerdas tanto al ministro del Interior, Thomas de Maizière, como a otras autoridades alemanas que se demostraron ineficaces a la hora de investigar y seguir la pista a un joven que había sido considerado como potencialmente peligroso por las fuerzas de seguridad.

En este sentido, a pesar de que las autoridades alemanas le denegaron el asilo político a Amri, no pudieron deportarlo por falta de documentos de identidad que esperaban recibir de Túnez. El joven tunecino utilizó 14 identidades diferentes tras llegar a Alemania en 2015 y mantuvo contacto con círculos islamistas radicales (salafistas) en este país.

Desde febrero, el Parlamento regional de Renania del Norte-Westfalia, el estado federado del oeste de Alemania en el que Anis Amri estaba registrado como solicitante de asilo, mantiene abierta una comisión de investigación para determinar por qué el joven no fue deportado a Túnez a pesar de que su solicitud de asilo había sido denegada.

El 19 de diciembre de 2016, Anis Amri atropelló a la multitud en un mercado navideño con un camión causando la muerte de doce personas e hiriendo a otro medio centenar. Pocos días después murió en Sesto San Giovanni, cerca de Milán, en un control rutinario cuando apuntó a los agentes con un arma.

El atentado fue reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico. Sobre el joven, a quien las fuerzas de seguridad vigilaban al considerar que podría resultar peligroso, pesaba una orden de expulsión de Alemania que nunca llegó a ejecutarse. Para evitar que un caso similar vuelva a ocurrir, el Gobierno de la canciller Angela Merkel aprobó tres semanas después de ese atentado un paquete de medidas contra potenciales terroristas.