Detenida una magistrada del Tribunal Supremo de Guatemala por tráfico de influencias

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del Tribunal Supremo Blanca Stalling ha sido detenida este miércoles en Ciudad de Guatemala por un presunto delito de tráfico de influencias, como parte de la campaña anticorrupción lanzada por la Fiscalía del país centroamericano.

La portavoz del Ministerio Público, Julia Barrera, ha contado que Stalling ha sido detenida por la Policía Nacional Civil (PNC) mientras paseaba por un barrio de la capital con gafas de sol y una peluca roja para no ser reconocida, según informa 'Prensa Libre'.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, ha explicado que emitieron una orden de captura en su contra a última hora del martes porque no lograron encontrarla ni en su casa ni en el hospital.

Se suponía que Stalling debía estar ingresada o guardando reposo en su vivienda, ya que, conforme a una declaración jurada de su médico, Susset Lorena Medina, la magistrada sufre un trastorno de ansiedad generalizado, síndrome diarreico agudo y desequilibro hidroelectrolítico.

Stalling presentó este informe médico para evitar ser detenida inmediatamente, después de que el Congreso votara el 2 de febrero a favor de retirarle su inmunidad como miembro del Tribunal Supremo para facilitar las investigaciones de la Fiscalía.

Está acusada de tráfico de influencias por presionar al juez Carlos Ruano para que, en lugar de ordenar el ingreso en prisión, dictara una medida sustitutiva para su hijo, Otto Molina Stalling, implicando en un fraude al seguro social.

"Es un show, un espectáculo, una película más de las que presenta la CICIG?", ha dicho Stalling en alusión a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente respaldado por la ONU clave en las investigaciones que llevaron a la renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina y parte de su Gobierno en 2015.

Stalling es la tercera magistrada del Tribunal Supremo en ser acusada por la Fiscalía y la CICIG, que desde 2015 lleva a cabo una serie de investigaciones anticorrupción en las que se han visto salpicados decenas de funcionarios, empresarios e incluso la actual familia presidencial.