Detenido en Perú el expresidente del órgano de supervisión de infraestructuras durante el Gobierno de Alan García

LIMA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) de Perú Juan Carlos Zevallos Ugarte ha sido detenido este lunes en el marco de la investigación en torno a la trama corrupta de la constructora brasileña Odebrecht.

La Fiscalía peruana ha anunciado la detención de Zevallos, que presidía el Ositrán durante el Gobierno del expresidente Alan García --investigado también por el 'caso Odebrecht'--, que ha tenido lugar tras una redada en dos inmuebles en La Molina.

La investigación arrancó en 2015, cuando Zevallos no pudo justificar que sus ingresos superaran los 600.000 soles (más de 170.000 euros).

Tal y como recoge 'El Correo', al expresidente de Ositrán se le acusa de haber recibido un "millonario" soborno pagado por Odebrecht para que la empresa brasileña obtuviera el contrato para la Línea 1 del metro capitalino.

A principios de marzo, la Fiscalía 'ad hoc' que investiga el caso presentó una denuncia en contra de García en relación a la ejecución del contrato de una línea del Metro de Lima. El exmandatario aseguró que es "positivo" que la Fiscalía investigue cualquier posible delito llevado a cabo por altos cargos, si bien ha insistido en su inocencia en reiteradas ocasiones.

La fiscal responsable del caso, Katherine Ampuero, explicó a principios de mes que la denuncia, relacionada con la ejecución del contrato de una línea del Metro de Lima, incluía al exministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo --que ejerció durante su segundo mandato-- y al exdirector de la Autoridad del Metro de la capital, Oswaldo Plasencia.

Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, llegaron el pasado diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el cual admiten el pago de sobornos a funcionarios de 12 países para conseguir contratos públicos. Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.