Díaz-Canel cumple 100 días de Gobierno con la misma "conducta represiva" de los Castro

El Partido Demócrata Cristiano lamenta la ausencia de medidas concretas para mejorar la situación de los cubanos

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha cumplido ya sus primeros cien días de Gobierno sin que haya mostrado "la más mínima voluntad de rectificación en la conducta represiva del régimen" de los hermanos Fidel y Raúl Castro, según ha denunciado el Observatorio Cubano para los Derechos Humanos (OCDH).

Esta etapa inicial, sostiene el grupo opositor en un comunicado, "ha estado marcada por un continuismo obediente, especialmente en materia de derechos y libertades", lo cual "ha significado un retroceso en el que se han profundizado los métodos represivos y otras formas de acoso y hostigamiento contra la sociedad civil".

El Observatorio ha explicado que, "aunque el índice de detenciones arbitrarias se ha reducido circunstancialmente, se aprecia una mutación hacia la 'represión de diseño'", basada en "la confección de perfiles psicológicos y en el estudio del entorno familiar y laboral, de las relaciones personales y los vínculos afectivos de cada individuo, incluidas sus preferencias sexuales y los vínculos con la comunidad".

"Esta política represiva es implementada por los órganos de la Seguridad del Estado --Policía política--, que mantiene un riguroso escrutinio sobre las organizaciones pacíficas más activas en el reclamo del respeto a los Derechos Humanos, como son las Damas de Blanco y la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU)", ha indicado el Observatorio.

Así, desde que Díaz-Canel llegó al cargo, "se ha prohibido salir del país a más de 20 personas --contando solo a las Damas de Blanco y la UNPACU-- y se ha incrementado el número de presos políticos en 12 nuevos encarcelados", tres damas de blanco y nueve miembros de la UNPACU.

El Observatorio ha mencionado el caso del biólogo marino Ariel Ruiz Urquiola. "El régimen se encargó de dejar claro que su excarcelación no es una libertad incondicional, sino una licencia extrapenal. Esto significa que la causa sigue abierta y puede regresar a prisión en el momento que el Gobierno estime conveniente", ha explicado.

Además, ha contado que durante el mes de julio la Policía política "visitó a varias personas que el OCDH había invitado a participar en las formaciones que realiza en Madrid con instituciones españolas" cuyo objetivo es "el fortalecimiento de la sociedad civil tal cual se entiende en Europa".

"En estas acciones de 'prevención o profilaxis', las autoridades presionaron e intimidaron a los invitados hasta hacer desistir a algunos. Fueron puestos en la disyuntiva de que, para poder viajar, deberían informar a su regreso a la Seguridad del Estado de todas sus actividades y contactos durante su estancia en Madrid", ha relatado.

Por todo ello, la organización disidente considera que "la situación de Derechos Humanos en Cuba durante este periodo no ha mejorado, ya que el Gobierno de Díaz-Canel mantiene intacta la estructura represiva que heredó de su tutor", Raúl Castro.

OPORTUNIDAD PERDIDA

Por su parte, el Partido Demócrata Cristiano de Cuba (PDC), con sede en Miami, ha llamado la atención sobre "el pobre resultado" de Díaz-Canel en sus primeros 100 días de Gobierno, en lo que se refiere a la adopción de "medidas concretas para mejorar la situación económica, política y social de los cubanos".

Entre las medidas que sí se han tomado, el PDC ha expresado su preocupación "por el paquete de normas para regular la actividad de los trabajadores por cuenta propia, las cuales han sido interpretadas como un aumento del control y de las trabas" que afecta especialmente al sector cultural.

El PDC ha subrayado que Díaz-Canel podría haber lanzado importantes políticas en este tiempo como presidente del Consejo de Estado, "órgano que puede dictar decretos-leyes entre períodos de sesiones de la Asamblea Nacional", y del Consejo de Ministros, "máximo órgano ejecutivo y administrativo".

Los democristianos han aludido a la posibilidad de "eliminar la norma que habilita al Gobierno para impedir la salida o entrada de ciudadanos cubanos a su propio país" y "revisar los aranceles por servicios consulares, con el objeto de reducir los precios de los servicios de obtención, renovación o prórroga del pasaporte".

También han propuesto una "bonificación parcial o total, en atención a las condiciones de la vivienda y del nivel adquisitivo del ciudadano, de los costos de los materiales de construcción para la reparación de la casa familiar y hacer cumplir el suministro y la bonificación prevista para los afectados de los huracanes".

En este sentido, han señalado igualmente la necesidad de "liberalizar el mercado de la vivienda, de modo que se puedan vender y comprar inmuebles en Cuba sin limitaciones por el país de residencia o la nacionalidad del comprador y evitar acudir al testaferrato u otras figuras que dan poca seguridad jurídica a las operaciones".

El PDC ha instado a "reducir de manera urgente los márgenes comerciales de las empresas estatales que comercializan productos de consumo y alimentos en sus tiendas, los cuales han sido estimados superiores al 80 por ciento para los productos locales --y un 240 por ciento para los importados de alta gama--".

Al mismo tiempo, ha reclamado "el ejercicio individual e independiente de las profesiones, sin necesidad de trabajar para organizaciones o empresas controladas por el Estado", lo que supone no limitar a una licencia por persona para ejercer por cuenta propia y "permitir que las personas puedan asociarse bajo las distintas formas de empresa privada".

A este respecto, ha exigido igualmente "permitir la libre importación y exportación de mercancías a los operadores privados", "liberalizar el negocio de la distribución nacional, actualmente controlado por el Estado, y eliminar de las trabas a las cooperativas en el ámbito agrícola".

En otro orden de temas, han lamentado además que Díaz-Canel no haya aprovechado su ascenso al poder para "eliminar el gravamen del 10 por ciento sobre el dólar estadounidense" y "estimular y liberalizar el acceso a Internet, reduciendo los precios y extendiendo la cobertura".