Duterte seguirá con su guerra contra las drogas pese a las denuncias en el TPI

MANILA, 27 Abr. (Reuters/EP) -

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha aclarado este jueves que seguirá adelante con su guerra contra las drogas a pesar de que ha sido denunciado ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por las supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas a sus órdenes.

"Seguiré con mi campaña. Cumpliré mi promesa (electoral)", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación, jactándose de que es el único político que ha sabido hacer frente al problema del narcotráfico en la nación asiática.

"Quieren hacer todo lo posible para meterme en prisión, pues que sigan. Si es mi destino ir a la cárcel, iré. Si alguien quiere matarme por matar a drogadictos idiotas, pues muy bien, moriré", ha afirmado.

El abogado Jude Sabio presentó el lunes una denuncia contra Duterte en el TPI, basada en los testimonios de varios miembros del 'escuadrón de la muerte' que el ahora presidente habría dirigido como alcalde de Davao, en informes de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y en informaciones periodísticas.

La denuncia, la primera que se presenta contra Duterte en la corte de La Haya, es un documento de 77 páginas en el que se le acusa de cometer crímenes contra la Humanidad "repetida, invariable y continuamente". Bajo su mandato, sostiene, matar a supuestos narcotraficantes se ha convertido en una "buena costumbre".

Unas 9.000 personas han muerto en los diez meses de guerra contra las drogas. La Policía asegura que solo ha matado a sospechosos en defensa propia y atribuye la mayoría de las víctimas a bandas rivales, pero la prensa y los grupos pro Derechos Humanos alertan sobre ejecuciones extrajudiciales.

El portavoz de la Presidencia, Ernesto Abella, ha advertido de que "creer en la palabra de aquellos que han admitido realizar asesinatos" como base para una querella de estas características contra un "presidente elegido democráticamente" sería "profundamente decepcionante".

Duterte sugirió, poco después de llegar al Gobierno, el pasado verano, que podría denunciar el Estatuto de Roma --tratado fundacional del TPI--, siguiendo así los pasos de Rusia, que tan solo podría retirar una firma simbólica, y de algunos países africanos.