WASHINGTON 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Estados Unidos ha acusado oficialmente a Rusia de orquestar una serie de ciberataques contra instituciones norteamericanas para intentar "interferir" en el actual proceso electoral, a pesar de los reiterados desmentidos ofrecidos por Moscú durante los últimos meses.
La denuncia, formulada de forma conjunta por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (USIC) y el Departamento de Seguridad Nacional, asegura que el Gobierno ruso "dirigió" los recientes ataques contra los servicios de correos electrónicos de personas e instituciones de Estados Unidos, entre ellos el Partido Demócrata.
Washington ha asegurado que todas las informaciones de Inteligencia recabadas durante los últimos meses señalan a Moscú, habida cuenta de que los ataques "encajan con los métodos y las motivaciones" de las autoridades rusas. El robo de información y su posterior filtración tenía como objetivo "interferir en el proceso electoral de Estados Unidos", según la nota.
"Esta actividad no es nueva para Moscú; los rusos ya han usado tácticas y técnicas similares en otras partes de Europa y Eurasia, por ejemplo, para influir en la opinión pública", han argumentado las autoridades norteamericanas, sin aclarar en qué sentido querría influir el Gobierno de Vladimir Putin.
El aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha llegado a alabar públicamente la figura de Putin, mientras que el mandatario ruso ha dejado entrever su apoyo a la política de acercamiento que quiere emprender el magnate neoyorquino.
SISTEMA PROTEGIDO
Tanto el USIC como el Departamento de Seguridad Nacional han aclarado que sería "extremadamente difícil" para cualquier 'hacker', "también para un actor estatal", alterar el recuento de votos a partir de una intrusión cibernética, dada la descentralización del proceso y las precauciones adoptadas.
Sin embargo, han instado a todos los niveles de la Administración a permanecer "vigilantes". El Departamento de Seguridad Nacional ha ofrecido labores de formación y análisis para reducir riesgos de cara a la votación que tendrá lugar el 8 de noviembre y en la que se decidirá quién es el próximo inquilino de la Casa Blanca.