MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Estados Unidos ha pedido este miércoles a Sudán del Sur que ponga en marcha reformas para luchar contra la corrupción y aumentar la transparencia, después de que un informe de una ONG denunciara que los líderes del país se lucran con el conflicto.
"El alcance de la corrupción en Sudán del Sur es amplio. Si bien la corrupción es dañina en cualquier parte del mundo, es especialmente lamentable en un país al borde de la hambruna y que lucha por tener un gobierno sólo cinco años después de su independencia", ha dicho el viceportavoz del Departamento de Estado, Mark Toner.
Así, ha destacado que "mientras que los líderes (sursudaneses) han estado saqueando los cofres gubernamentales, los donantes internacionales, entre ellos Estados Unidos, han mantenido su apoyo al pueblo sursudanés".
Toner ha recalcado que Washington "no da apoyo financiero directo al Gobierno de Sudán del Sur", al tiempo que ha adelantado medidas para disuadir a los funcionarios del país de cometer actos de corrupción.
En este sentido, ha manifestado que trabaja con la organización no gubernamental The Sentry para garantizar que la información contenida en su informe es utilizada a tal fin.
Según este estudio, el resultado de una investigación que ha durado más de dos años, los líderes los dos bandos beligerantes en Sudán del Sur han conseguido amasar imponentes fortunas de manera ilegal.
En respuesta, la Presidencia de Sudán del Sur ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que está estudiando el documento para tomar medidas legales contra The Sentry.
VÍNCULO DIRECTO ENTRE LA CORRUPCIÓN Y EL CONFLICTO
El informe es el primero en vincular de forma directa el conflicto armado con la corrupción y el blanqueo de dinero en Sudán del Sur, el país más joven del mundo desde su independencia de Sudán en 2011.
La investigación de la ONG apunta a que los líderes sursudaneses y sus círculos "se han estado beneficiando económicamente de la guerra y se han asegurado de que no vaya a haber ningún tipo de rendición de cuentas por sus violaciones de Derechos Humanos y sus crímenes financieros".
La guerra civil en Sudán del Sur comenzó en 2013 y finalizó el año pasado con un frágil acuerdo de paz entre el presidente, Salva Kiir, y su principal rival político, Riek Machar.
No obstante, en los últimos meses han estallado varios enfrentamientos en la capital del país, Yuba, que se han cobrado la vida de más de 300 personas y han expulsado de la ciudad a decenas de miles de sursudaneses.
La comunidad internacional teme que los últimos combates provoquen la reanudación de la guerra civil, por lo que han pedido a más 'cascos azules' en la región.
La situación en el país es muy frágil y la población todavía sufre las consecuencias del anterior conflicto civil. En la actualidad, alrededor de 2,3 millones de sursudaneses son desplazados internos y más de cinco millones --la mitad de la población del país-- sufren inseguridad alimentaria.
El informe establece que el conflicto armado que impulsan Kiir y Machar no obedece a una disputa entre diferentes grupos étnicos, sino que el verdadero motivo detrás de los combates es el control del sector petrolero del país, que supone el 98 por ciento de los ingresos nacionales.
Según la ONG, los líderes de ambas facciones en Sudán del Sur "manipulan y explotan las diferentes divisiones étnicas con el objetivo de conseguir apoyos militares para una guerra que sirve para los intereses de los jefes de estas dos redes cleptocráticas".
"RÉGIMEN CLEPTOCRÁTICO"
Los autores de la investigación han calificado a Sudán del Sur como "régimen cleptocrático", en el que sus líderes roban y alimentan el conflicto armado mientras la mayoría de la población sufre las brutales consecuencias de la guerra.
El informe ha identificado cuatro canales principales mediante los cuales la riqueza de Sudán del Sur es desviada para financiar los intereses de su élite: el sector petrolero, el Ejército, el Gobierno y las redes de blanqueo de dinero.
Según la investigación, la industria petrolera sursudanesa es un sector controlado por caciques al servicio de Kiir o Machar, que evitan que los ingresos lleguen al grueso de la población.
Por otro lado, está el control económico del Ejército, que se lleva la mayor parte de los presupuestos generales del Estado y extorsiona a las grandes empresas del país mediante la intimidación.
El Estado sursudanés sufre "corrupción endémica". Según los investigadores, el Ejecutivo de Kiir concede contratos públicos a dedo, infla los presupuestos generales y desvía millones de euros al año de dinero público.
Por último, el sector financiero del país está controlado por las élites cercanas a Kiir, al Ejército y a Machar, que utilizan cientos de empresas para blanquear dinero negro.