EEUU reclama la extradición de Assange porque "puso vidas en peligro" al filtrar documentos

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha defendido este miércoles ante el Tribunal Superior en Londres la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, alegando que la filtración de miles de documentos secretos "puso vidas en peligro" y, por tanto, debe ser juzgado en el país norteamericano.

El Tribunal Superior, que comenzó el martes dos días de vistas sobre este tema, es la última oportunidad que tiene Assange para frenar un traslado que, a nivel político, está autorizado desde junio de 2022. Sobre él pesan cargos por violar la Ley de Espionaje estadounidense y se arriesga a una condena de hasta 175 años de cárcel.

Este miércoles, ha llegado el turno de la parte norteamericana, que por boca de sus abogados ha incidido en la especial gravedad y las "profundas consecuencias" de las filtraciones, especialmente para las fuentes que aparecían identificadas en los documentos publicados por Wikileaks y relativos a situaciones de conflicto, según la BBC.

"No fue un desliz o un error, fue la publicación de una gran cantidad de material íntegro", ha expuesto ante la corte la abogada Clair Dobbin, que también ha recalcado que los procedimientos llevados a cabo después "están basados en las leyes y las pruebas, no son de inspiración política".

El cariz político es, en cambio, uno de los grandes ejes de la defensa de Assange, tal como quedó claro el martes en la primera sesión. Los abogados del creador de Wikileaks dijeron que a su cliente se le imputaban "delitos políticos" y que, por tanto, en su caso no era aplicable el tratado de extradición entre Estados Unidos y Reino Unido.

Asimismo, pusieron en duda que pudiese recibir un juicio justo en Estados Unidos y reivindicaron que en este proceso están en juego libertades fundamentales, ya que las actuaciones de Assange y de Wikileaks entrarían dentro del ámbito del periodismo y merecerían especial protección.

La decisión final está en manos de dos jueces que deberán determinar si el caso merece un nuevo examen o si, por el contrario, queda cerrado, lo que dejaría como alternativa final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).