EEUU sanciona a un centenar de funcionarios nicaragüenses tras la incautación de una universidad jesuita

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de EEUU ha anunciado este sábado la restricción de visados a un centenar de funcionarios nicaragüenses en una nueva reacción contra el Gobierno de Nicaragua y su presidente, Daniel Ortega, por "sus incesantes ataques contra las libertades civiles en el país", tras la intervención esta semana de una universidad jesuita acusada de ser un foco de protestas contra las autoridades.

Todos los sancionados son entendidos por Washington como participantes en "los esfuerzos para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos como el de la Universidad Centroamericana (UCA), y detener injustamente a personas valientes que apoyan una sociedad civil libre, incluido el obispo Rolando Álvarez".

Monseñor Álvarez, obispo católico de Matagalpa, fue detenido hace un año por la Policía y desde febrero pasado está encarcelado en Managua tras recibir una condena de 26 años y cuatro meses de cárcel por negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a 222 opositores excarcelados y desterrados.

"Seguimos llamando a la liberación inmediata e incondicional del obispo Álvarez en Nicaragua y al fin de la represión sistemática", según el comunicado del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, colgado en la página web del Departamento, y "seguimos comprometidos con la promoción de los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense", en una nota dirigida tanto al presidente Ortega como a su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo.

La UCA fue intervenida esta semana por el Gobierno de Nicaragua, que describió a la institución como "un centro de terroristas", en el marco de sus acusaciones a la Iglesia católica por instigar una revuelta social en 2018 que el Gobierno Ortega describió como "un fallido golpe de Estado".

Managua ha disuelto este año 26 universidades, al retirar la personalidad jurídica de varias de estas instituciones, en lo que se considera una medida represiva de las autoridades, que también han cerrado partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.

La represión policial de las protestas cívicas dejó 355 manifestantes muertos, más de 2.000 heridos y provocó una grave crisis política que ha llevado al exilio a cientos de miles de personas, según organismos de derechos humanos.