Egipto anuncia un plan quinquenal de promoción de los Derechos Humanos

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades egipcias han presentado este sábado la Estrategia Nacional para los Derechos Humanos, un plan de cinco años que pretende mejorar la protección de los periodistas, fomentar la diversidad política y apoyar a sindicatos y organizaciones no gubernamentales.

El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, ha protagonizado la presentación del plan. "Es la primera estrategia integral y a largo plazo elaborada en Egipto para el ámbito de los Derechos Humanos", ha destacado un portavoz presidencial, Bassam Radi, citado por el diario estatal egipcio 'Al Ahram'.

El plan ha sido elaborado por el Ministerio de Asuntos Exteriores que lidera Samé Shukri, quien ha destacado que es el resultado del trabajo de la Comisión Permanente Suprema para los Derechos Humanos de su departamento, creada en 2018.

"Refleja la firmeza y determinación política para traducir en una realidad tangible todas las obligaciones constitucionales, regionales y tratados internacionales", ha destacado Shukri.

La iniciativa contempla ampliar el "diálogo comunitario", la creación de una Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento o el fomento de las organizaciones de la sociedad civil, ha explicado el ministro. Todo ello con cuatro ejes: derechos civiles y políticos; derechos económicos, sociales y culturales; derechos de las mujeres, menores, discapacitados, jóvenes y ancianos y educación y capacidad de desarrollo en el ámbito de los Derechos Humanos.

Diversas organizaciones de Derechos Humanos han criticado el panorama de Derechos Humanos "en deterioro" en Egipto bajo el mandato de Al Sisi, quien llegó al poder en 2014 en un golpe de Estado contra el presidente islamista elegido en las urnas, Mohamed Mursi.

Miles de activistas están en prisión, algunos de ellos en condiciones inhumanas y el estado de emergencia está en vigor desde 2017. El año pasado las reformas legislativas en respuesta a la pandemia de COVID-19 dieron a Al Sisi más poderes para restringir reuniones privadas y protestas.