Egipto.- Kandil dice que Mursi emitió la declaración constitucional para "salvar Egipto"

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Egipto, Hisham Kandil, ha asegurado este miércoles que el presidente del país, Mohamed Mursi, emitió su declaración constitucional con la finalidad de "salvar Egipto" y preservar sus instituciones estatales, tales como la Asamblea Constituyente y el Consejo de la Shura --la Cámara Alta del Parlamento egipcio--, así como garantizar el proceso de elecciones.

En declaraciones concedidas a la cadena de televisión qatarí Al Yazira, Kandil ha indicado además que Mursi "no se echará atrás" por las protestas en su contra desatadas en el país tras la publicación de la declaración y ha resaltado que "el presidente electo ha de ser derrotado en las urnas, no en las calles".

Respecto a la oleada de críticas contra el Gobierno, Kandil ha indicado que "las instituciones del Estado, el presidente, el primer ministro y los ministros son constantemente criticados". "No me importa, me concentro en el desarrollo de mi país", ha argumentado.

Kandil ha dicho que la declaración no margina ni anula el poder judicial, al tiempo que ha señalado que "llamar dictador al presidente Mursi no es apropiado", tal y como ha recogido el diario egipcio 'Al Masry al Youm'. Los manifestantes y la oposición han acusado al presidente de arrogarse poderes típicos de un faraón o un dictador con el decreto.

Asimismo, ha destacado que "la Policía está, por primera vez, protegiendo a los manifestantes pacíficos", aunque ha acusado a "matones" de infiltrarse en las protestas para llevar a cabo actos de violencia y provocar la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Por último, Kandil se ha referido a la votación que llevará a cabo este jueves la Asamblea Constituyente sobre el borrador final de la nueva Carta Magna egipcia, de la que ha dicho que "pondrá fin a la crisis y provocará el traspaso de los poderes legislativos del presidente al Consejo de la Shura".

Este mismo miércoles, Mursi se ha reunido con Kandil y el ministro de Interior, Ahmed Gamal al Din, para debatir sobre la actual crisis política que atraviesa el país, según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'. Poco después, el Ejecutivo ha alabado las manifestaciones pacíficas y ha reclamado a todas las fuerzas políticas que acudan al diálogo y dejen de lado sus intereses personales para superar la situación.

Además del rechazo en las calles, el decreto presidencial también ha provocado la reacción de los jueces, que decidieron convocar el sábado una huelga indefinida hasta que la medida sea retirada.

El Tribunal Supremo Constitucional de Egipto ha acusado a Mursi de estar llevando a cabo una campaña en su contra, mientras que el Tribunal de Casación y el de Apelación de Egipto han anunciado que suspenderán su actividad a la espera de que se produzca una sentencia sobre la constitucionalidad del decreto.

Está previsto que este jueves el presidente se dirija a la nación a través de un discurso televisado en el que hablará, entre otras cuestiones, del decreto por el que se ha atribuido mayores poderes y que ha vuelto a sacar a miles de egipcios a las calles del país.

LA DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL

Uno de los puntos más controvertidos del texto aprobado por Mursi es el sexto, en el que se establece que "el presidente está autorizado para tomar cualquier medida que considere adecuada para preservar y salvaguardar la revolución, la unidad y la seguridad nacional".

Varias voces críticas con el presidente han manifestado que este artículo supone una declaración de ley marcial bajo el disfraz de un artículo parte de un decreto, al tiempo que han mostrado su preocupación ante las posibles implicaciones de una formulación tan laxa, ya que queda abierta a interpretación la forma de aplicar o las situaciones en las que aplicar el artículo.

Asimismo, el sistema judicial no podrá vetar, anular ni enmendar ninguna ley, declaración o decreto emitido por Mursi desde que llegó al poder hasta que se ratifique una nueva Carta Magna y se haya elegido un nuevo Parlamento, protegiendo así sus decisiones de cualquier tipo de revisión.

Además, en su declaración constitucional, Mursi decretó que la Asamblea Constitucional no podrá ser disuelta ni por el sistema judicial ni por el Consejo de la Shura (la Cámara Alta del Parlamento egipcio), y que el organismo --dominado por Hermanos Musulmanes-- contará con otros dos meses de plazo para redactar la Carta Magna del país, extendiendo el plazo de los seis a los ocho meses.

Por último, ordenó la destitución del fiscal general del país, Abdel Maguid Mahmoud, y el nombramiento de Talat Abdulá --quien ha jurado su cargo minutos después de que Mursi terminara la lectura del decreto-- sin la aprobación del Consejo Judicial Supremo.