Escocia estudia un estatus "asociado" con la UE si renuncia a la independencia

LONDRES, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Escocia estudia la posibilidad de establecer un "estatus asociado" con la Unión Europea que le permita continuar en el bloque comunitario sin tener que abandonar necesariamente Reino Unido, después de que el electorado británico certificase el divorcio con Bruselas el pasado jueves en referéndum.

Tras un fin de semana de consultas, la ministra principal, Nicola Sturgeon, habría concluido que el escaso apetito por una segunda consulta de independencia recomienda una vía alternativa a la de la secesión para garantizar la permanencia en una UE que el electorado escocés apoyo por un 62 por ciento, frente al rechazo del 52 por ciento de los británicos.

La reacción inicial de Sturgeon, quien el pasado mes de mayo se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, había sido agitar la posibilidad de un nuevo plebiscito, menos de dos años después del que supuso la derrota de su apuesta por romper la sociedad de más de 300 años con el resto de Reino Unido.

La certificación del Brexit había constituido para el Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas en inglés) el "cambio material de circunstancias" que había recogido en su más reciente programa electoral como catalizador para un nuevo referéndum.

Sin embargo, las encuestas evidencian que el aumento del apoyo a la secesión ha sido modesto, lo que ha llevado al SNP a plantear otras fórmulas, entre las que se incluye el establecimiento de un consenso entre los partidos con presencia en el Parlamento de Edimburgo para iniciar los contactos con Londres, Bruselas y otros Estados miembro para proteger la continuidad escocesa en la UE mediante un estatus "asociado".

APOYO DEL PARLAMENTO

Mañana mismo, Sturgeon interviene en el Legislativo para solicitar la autoridad parlamentaria para estas conversaciones que aspira a iniciar con el objetivo de preservar el vínculo con el mercado común y las ventajas que el territorio escocés disfruta actualmente como parte de la UE, de la que recibe importantes fondos de cooperación y desarrollo territorial.

El Gobierno había decidido ya el sábado establecer "discusiones inmediatas" con Bruselas para proteger su vínculo comunitario y, crucialmente, inaugurar los trabajos para que una segunda consulta de independencia sea "realizable", transcurridos menos de dos años de una primera votación que, en parte, había rechazado la secesión para evitar la salida de la UE.

El cálculo de riesgos que el SNP debe realizar es si la calle demanda una nueva consulta, a la luz de lo acontecido en el resto del país, puesto que es consciente del fiasco que supondría someter de nuevo la independencia a votación popular y, como había acontecido en septiembre de 2014, perder.

De acuerdo con las encuestas previas al referéndum de la UE, si se celebrase una consulta de independencia, el 'no' vencería por un 53 por ciento, una vez descartados los indecisos, según un estudio de Panellbase. Sin embargo, después de que Reino Unido certificase la salida de la UE, el apoyo a romper con Londres se elevó a un 59 por ciento, todavía por debajo del umbral que el SNP considera practicable para que la victoria de su apuesta.

FACTOR DE PESO EN 2014

Uno de los factores de peso que había influido sobre los votantes en septiembre de 2014 había sido, precisamente, la continuidad en la UE, después de que todas las instituciones, desde Bruselas hasta Londres, advirtiesen reiteradamente de que el divorcio los pondría a la cola de los aspirantes a los Veintiocho, una posición que implicaría años de negociación antes de entrar de nuevo en el bloque.

"Estoy dispuesta a dar todos los pasos posibles y explorar todas las opciones para garantizar lo que la gente en Escocia ha votado, es decir, asegurar nuestra continuidad en la UE y en el mercado único en particular", ha asegurado Sturgeon, quien este fin de semana planteó, incluso, vetar el Brexit para el conjunto de Reino Unido.

Los expertos, no obstante, han dudado ya de que Escocia cuente con autoridad para un procedimiento que desencadenaría, además, una crisis constitucional mayor incluso de la que plantea la complicada posición escocesa, puesto que una minoría de la población británica impondría su voluntad sobre la decisión mayoritaria de quienes el pasado jueves certificaron el divorcio con Bruselas.