MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno español ha rechazado este domingo las "inaceptables" declaraciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en las que acusó a su homólogo español, Mariano Rajoy, de permitir una "agresión" contra el embajador en Madrid, Mario Isea, y ha advertido de que con ellas el líder bolivariano pretende "desviar la atención de la profunda crisis" que sufre la nación caribeña.
El incidente ocurrió el miércoles, cuando Isea aseguró que estaba "secuestrado" junto a un centenar de personas en el Centro Cultural de la Embajada de Venezuela en Madrid como consecuencia de una protesta de opositores que le impedía salir a la calle. El Ejecutivo español ha asegurado, en cambio, que el jefe de la misión diplomática pudo abandonar en todo momento el lugar y que había un dispositivo de seguridad desplegado.
Maduro, sin embargo, insistió el sábado en que Isea fue víctima de una "agresión". "Y Rajoy lo permitió", dijo en un acto televisado, en el que calificó de "cobarde" al presidente español, que --según afirmó-- "está hundido en el fango más profundo" "con tantos escándalos de corrupción".
El inquilino del Palacio de Miraflores incluso instó al Rey Felipe VI --cuyo nombre tuvo que preguntar a los asistentes-- a promover una investigación sobre la "agresión" para que haya "castigo legal" para quienes asediaron "un establecimiento diplomático sagrado, protegido por la Convención de Viena". Le pidió que actúe "con altura de Estado" y "con respeto a la historia de las relaciones" bilaterales.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ha difundido este domingo un comunicado en el que tacha de "inaceptables" las palabras de Maduro y critica que "una vez más recurre al insulto y a la descalificación personal hacia el presidente del Gobierno de España".
El departamento que dirige Alfonso Dastis ha reiterado además que la "manifestación autorizada" frente al centro cultural venezolano "en ningún momento puso en peligro la integridad de los asistentes al acto, pues contó con la adecuada protección policial". "El embajador de Venezuela se mantuvo en contacto en todo momento con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación", ha afirmado.
Por ello, la Cancillería española ha considerado que al hablar de "agresión" y "secuestro" Maduro "solo puede buscar desviar la atención de la profunda crisis política y económica que padece Venezuela, frente a la cual España insta a la Jefatura del Poder Ejecutivo de ese hermano país a ofrecer soluciones efectivas y verdaderamente democráticas a los venezolanos".
"España desea para los venezolanos lo mismo que para los españoles, el progreso económico que satisfaga las necesidades de sus ciudadanos y un régimen de libertades en el que se respeten los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, en el que se liberen los presos políticos y en el que se dé al pueblo el derecho a pronunciarse libremente, mediante el voto democrático, sobre quién debe dirigir los destinos del país", ha subrayado.
CRISIS VENEZOLANA
La tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional --controlada por la oposición desde 2016-- y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.
El Gobierno de Maduro ordenó dar marcha atrás en ambas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que se ha producido una "ruptura del orden constitucional" que requiere elecciones anticipadas.
Desde entonces, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no ha dejado de convocar manifestaciones multitudinarias que han acabado en duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Hasta ahora, 39 personas han muerto, incluidos cuatro adolescentes, más de 700 han resultado heridas y más de mil han sido detenidas por los disturbios.
Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente por considerar que es la única forma de devolver la paz a Venezuela. La MUD, por su parte, ha denunciado que de esta manera el 'chavismo' pretende consumar el "autogolpe" que comenzó con las polémicas sentencias del TSJ.
La Asamblea Constituyente estará formada por 500 "ciudadanos" que serán elegidos en las próximas semanas "a través del voto universal, directo y secreto", de los cuales la mitad, 250, saldrán de sectores de marcado corte oficialista, según ha detallado Maduro.