España reclama "una solución democrática, negociada y pacífica" a la crisis política en Venezuela

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha expresado este jueves su "rotunda condena" al ataque perpetrado el miércoles por civiles armados contra la Asamblea Nacional de Venezuela y ha insistido en "la necesidad de una solución democrática, negociada y pacífica" para superar la crisis política que sufre la nación caribeña.

"El Gobierno expresa su rotunda condena por el asalto a la Asamblea Nacional de Venezuela y las agresiones contra parlamentarios, e insta a las autoridades venezolanas a garantizar la seguridad e independencia del Poder Legislativo", ha dicho el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en un comunicado.

España ha reiterado además "la necesidad de una solución democrática, negociada y pacífica, que debe incluir ineludiblemente el respeto hacia la oposición política, la separación de poderes, la liberación de presos políticos, el derecho de manifestación pacífica, la protección de los Derechos Humanos y la convocatoria de elecciones (...) para que el pueblo venezolano pueda expresar su voluntad de manera verdaderamente democrática".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya expresó el miércoles a través de Twitter su "rotunda condena" al "violento" asalto al Parlamento de Venezuela y recalcó que España siempre estará "con la paz, la libertad y los derechos del pueblo venezolano".

Por su parte, en la misma red social, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, condenó "las agresiones" a diputados de la oposición en el Parlamento de Venezuela y reclamó al presidente, Nicolás Maduro, que asegure las garantías democráticas en el país.

También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, trasladó su apoyo a los demócratas venezolanos en Twitter, después de que, según dijo, "los mercenarios de Maduro" asaltaran el Parlamento y agredieran "a los representantes elegidos por el pueblo".

ASALTO AL PARLAMENTO

En torno al mediodía del miércoles, civiles armados que llevaban desde primera hora merodeando por la zona entraron en el Congreso y retuvieron durando ocho horas a 120 trabajadores, 108 periodistas y 94 diputados, muchos de los cuales resultaron heridos.

El asalto a la Asamblea Nacional ha concluido cuando finalmente la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), encargada de proteger el hemiciclo, ha establecido un cordón de seguridad para poder evacuar a las personas retenidas en la sede legislativa.

La Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha acusado al Gobierno de orquestar este ataque. El ex candidato presidencial Henrique Capriles ha responsabilizado en concreto al vicepresidente, Tarek El Aissami, por unas declaraciones recientes en las que animó a los 'chavistas' a actuar contra la Asamblea Nacional.

Maduro se ha apresurado a condenar estos "hechos" que ha calificado de "extraños". "Condeno absolutamente esos hechos hasta donde los conozco en este momento (...) Los condeno y he ordenado su investigación y que se haga justicia", ha declarado al término de un desfile militar por el Día de la Independencia.

El asalto al Parlamento se ha producido justo cuando los diputados se disponían a aprobar la convocatoria del referéndum que la MUD planea celebrar el 16 de julio para que los venezolanos decidan si es necesario hacer una Asamblea Constituyente, tal y como pretende Maduro.

ESCALADA DE TENSIÓN

No es la primera vez que la Asamblea Nacional sufre un ataque. Los incidentes de este tipo se han repetido desde que la MUD ganara las elecciones parlamentarias de 2015 obteniendo una mayoría absoluta que cambió el equilibrio de poder en el Congreso tras décadas de hegemonía 'chavista'.

Este ataque se enmarca en la ola de violencia que recorre Venezuela por la represión de las manifestaciones opositoras. Desde el pasado mes de abril, cuando comenzaron las protestas de la MUD, unas 90 personas han muerto y miles han resultado heridas, de acuerdo con la Fiscalía.

La MUD, apoyada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y por la Organización de Estados Americanos (OEA), acusa a Maduro de interferir en los demás poderes del Estado para mantenerse en el Palacio de Miraflores. El 'chavismo', por su parte, denuncia un "golpe de Estado".