Un español entre los investigados en Colombia por pérdidas millonarias de Electricaribe

BOGOTÁ, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos altos cargos de la empresa Electrocaribe, entre ellos un español, y tres exalcaldes han sido citados a interrogatorio por la Fiscalía de Colombia, que investiga la pérdida de más de 150.000 millones de pesos (unos 48 millones de euros) en proyectos financiados en 2012 por el Gobierno colombiano.

El proyecto se pagó a través del Ministerio de Minas y Energía para ampliar las redes eléctricas en los municipios de Chinu Cordoba, Magangué y Dibulla, en zonas rurales.

Los citados son el español José García Salendro exrepresentante de Electricaribe, quien será escuchado en los próximos días al igual que la de los exalcaldes de Magangue, Marcelo Torres y la exalcaldesa de Dibulla, Silvia Ospina, informa la emisora colombiana Caracol Radio.

La Fiscalía ya ha interrogado a Benjamín Gustavo Payares Ortiz, quien actuaba como gerente operativo, y al exalcalde de Chinú, Cordoba. Los implicados serían llamados en las próximas semanas en el marco de la investigación abierta en 2016 por la Fiscalía, que tiene un listado de 30 personas presuntamente implicadas.

DEMANDA INTERNACIONAL

Gas Natural Fenosa presentará esta semana una demanda de arbitraje internacional contra Colombia ante el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial. En concreto, la energética española reclamará en su demanda unos 1.000 millones al Gobierno colombiano en concepto de los perjuicios causados por la decisión adoptada sobre Electricaribe, compañía en la que posee con una participación del 85,38%.

El pasado martes, tras la decisión de las autoridades colombianas de liquidar y vender Electricaribe, Gas Natural Fenosa ya señaló que no le quedaba "otra alternativa" que recurrir a los tribunales internacionales de arbitraje.

Gas Natural Fenosa ya había decidido desconsolidar su participación en Electricaribe y reclasificar la filial como activo financiero con un valor contable de 475 millones de euros, aunque había señalado que la reclamación internacional se haría por la totalidad de su valor, "que es muy superior".

En paralelo a este paso de acudir a los tribunales arbitrales internacionales, la compañía presidida por Isidro Fainé también expresó su voluntad de seguir negociando con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo que, "dotando a la empresa colombiana de un marco regulatorio adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes".

La energética estima que su filial en Colombia arrastra un "gravísimo" problema de morosidad y fraude que le ha llevado a alcanzar una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros.

A finales del año pasado, la deuda de los clientes protegidos a los que es imposible cortar el suministro por imperativo legal superaba los 350 millones de euros. A estos importes se suman fraudes por importe superior a los 100 millones de euros anuales.

Electricaribe fue adquirida por Unión Fenosa en 2000, y en 2009 Gas Natural compró Unión Fenosa. Desde entonces, y pese a no dejar de advertir de la mora y el fraude de la filial, se han invertido desde España en Electricaribe más de 800 millones de euros, "y jamás se ha cobrado ningún dividendo", según la compañía.

COLOMBIA JUSTIFICA SU DECISIÓN POR LA FALTA DE INVERSIONES

Por su parte, el Gobierno colombiano ha defendido su decisión sobre Electricaribe como una medida ante, según su opinión, la falta de condiciones de la compañía para prestar el servicio de energía eléctrica con la calidad y continuidad que requieren los usuarios, ante la "insuficiencia de las inversiones" requeridas para contrarrestar el deterioro de la infraestructura administrada por la empresa, mejorar su capacidad y mantener sanas sus finanzas.

Así, el Ejecutivo de Juan Manuel Santos aseguró que la liquidación de Electricaribe "no puede entenderse como una expropiación", ya que el Gobierno no está buscando ni está facultado para quedarse con la operación.

Con la llegada del caso al Ciadi, Colombia se juega también el prestigio de la credibilidad de la seguridad jurídica del país. No obstante, fuentes diplomáticas colombianas consideran que la seguridad jurídica está garantizada y que éste es "un caso específico".