Este es el estado actual de la democracia en África y su perspectiva de futuro

MADRID, 15 Feb. (EDIZIONES) -

La reciente derrota electoral de Yahya Jammeh en beneficio del opositor Adama Barrow tras 22 años de gobierno en Gambia ha supuesto el fin de un régimen dictatorial y la instauración de una democracia más en África, un continente está lastrado por la extrema pobreza de varios de sus países: no en vano, el último Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de la ONU afirma que los diez países más pobres del mundo son africanos.

Tampoco ayudan los bajos índices de buena gobernanza de sus países, ya que solo 4 de sus 54 países --Botsuana, Cabo Verde, Mauricio y Ruanda-- se encuentran entre los 50 primeros puestos del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2016.

UNA ESPERANZA DEMOCRÁTICA

En 1994, Sudáfrica albergó las primeras elecciones democráticas multipartidistas del continente, con la victoria de Nelson Mandela, y a partir de este punto de inflexión, varias democracias como Ghana, Burkina Faso o Senegal han logrado consolidarse, frente a otros regímenes personalistas que se han ido quedando estancados entre acusaciones de corrupción, desigualdad económica o crímenes contra la humanidad.

Teodoro Obiang (Guinea Ecuatorial), Robert Mugabe (Zimbabue), Omar Hasan al Bashir (Sudán), Joseph Kabila (República Democrática del Congo) son algunos ejemplos aún actuales de estos últimos.

El doctor en Relaciones Internacionales, profesor universitario e investigador asociado al Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), Oscar Mateos, apunta que lo que se está produciendo en África es una "efervescencia democrática alrededor de una sociedad que se organiza y que es cada vez más joven y urbana", además de estar más alfabetizada.

Esta nueva sociedad africana se ha abierto al concepto de rendición de cuentas de los dirigentes propia de regímenes democráticos.

Sin embargo, el desarrollo de esta nueva fase en la política de África es una incógnita, ya que "se han visto distintos casos", tanto optimistas como pesimistas, expone el profesor universitario.

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LOS CASOS DE ÉXITO

DEMOCRÁTICO EN ÁFRICA

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1- GHANA, UN EJEMPLO DE ALTERNANCIA POLÍTICA

"Siempre ha sido uno de los casos más cuidados por la comunidad internacional", recuerda Oscar Mateos. El partido de Rawlings, el Congreso Nacional Democrático (NDC), vencedor en 1992 y 1996, fue derrotado en 2000 por el principal partido de la oposición, el Nuevo Partido Patriótico (NPP). Ante la atención de los observadores internacionales, se inició un proceso de alternancia en el poder entre ambas fuerzas basado en su carácter pacífico y la neutralidad de la comisión electoral ghanesa.

El más reciente resultado electoral, en las elecciones de diciembre de 2016, supuso un cambio en el color político del gobierno, que vuelve una vez más a las manos del NPP y de su candidato, Nana Akufo-Addo. De nuevo, el cambio de presidente se desarrolló de forma pacífica. Ghana es uno de los mejores ejemplos de estabilidad política y económica de la África Central.

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2- BURKINA FASO, LA CIUDADANÍA IMPULSÓ LA DEMOCRACIA

La iniciativa de la ciudadanía de Burkina Faso puso fin en 2014 al largo mandato del presidente Blaise Compaoré, en el cargo desde 1987 tras un golpe de Estado. El detonante de las protestas de los burkineses se encontraba en el proyecto de ley que pretendía enmendar la Constitución y extender el número de veces que el gobernante podía concurrir a las elecciones.

Pese a la violencia y la represión policial contra los manifestantes, que terminó llevando ante los tribunales al exprimer ministro del país, la rebelión ciudadana surtió efecto: Compaoré cesó en el cargo y se exilió a Costa de Marfil, amenazado por una orden de búsqueda internacional.

La transición hacia la convocatoria de elecciones se vio amenazada en septiembre de 2015 por un nuevo golpe de Estado liderado por el Ejército del país que fue finalmente disuelto tras unas negociaciones que terminaron en un acuerdo y una rendición pacífica. Las elecciones presidenciales se celebraron en noviembre de ese mismo año y dieron la victoria a Roch Marc Kaboré, tras una votación y transición a la democracia que se desarrolló de forma pacífica.

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3- SENEGAL, DE LA TENSIÓN A LA CALMA EN EL CAMBIO DE GOBIERNO

Senegal fue testigo en 2012 de un cambio de color gubernamental en las urnas que puso fin a los 12 años de mandato de Abdoulaye Wade en beneficio del exprimer ministro Macky Sall. Las elecciones estuvieron cargadas de episodios de tensión y violencia por las protestas ciudadanas contra la decisión de que Wade concurriese por tercera vez a los comicios cuando la Constitución senegalesa lo impedía.

A pesar de las amenazas de guerra civil por parte del Gobierno antes de los comicios, la victoria de Sall fue reconocida por Wade, lo que dio lugar a una pacífica transición gubernamental. Detrás de todo este cambio de gobierno, sostiene Mateos, se encuentra el liderazgo de "movimientos urbanos y jóvenes" en la sociedad de Senegal.

No obstante, la gestión de Macky Sall se ha convertido recientemente en foco de críticas en el país. Tras haber prometido en 2015 un referéndum para una reforma constitucional que redujese de siete a cinco los años de duración de cada mandato, Sall anunció un año después que los cambios en la Carta Magna no se aplicarían hasta después del presente mandato, por lo que permanecerá en el gobierno hasta 2019. Esto ha sido entendido por los sectores más críticos de la oposición como un posible intento de perpetuar su autoridad.

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4- KENIA, LA VIOLENCIA DE 2007 ES TEMA DEL PASADO

En 2007, Kenia se vio sumergida en una espiral de violencia que se saldó con más de mil muertos y decenas de miles de refugiados. La razón fue la victoria electoral del entonces presidente del país Mwai Kibaki, que fue considerada fraudulenta por parte de simpatizantes de la oposición, a la vez miembros de la tribu luo, tradicionalmente enfrentada con la etnia kikuyu del presidente. La solución fue la constitución de un gobierno de concentración liderado por el propio Kibaki como presidente y con Raila Odinga, candidato opositor, como primer ministro.

En 2013, se celebraron unas nuevas elecciones, a las que se presentó una vez más Odinga y el viceprimer ministro Uhuru Kenyatta. Tras una campaña electoral marcada por la acusación por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra este último, como presunto instigador de la violencia étnica de 2007, Kenyatta se hizo con la victoria. Pese a las protestas contra un supuesto fraude electoral, el Tribunal Supremo del país dio por buena la victoria de Kenyatta, un veredicto que fue aceptado de forma pacífica por Odinga.

En la actualidad, la oposición está barajando la posibilidad de crear una gran coalición para derrotar al presidente en sus segundas y últimas elecciones. Según afirman, su descontento se basa en la escasa contundencia contra la corrupción y los atentados islamistas que se han producido en Kenia en los últimos tiempos.

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¿CÓMO SE CAMBIA UN

RÉGIMEN PRESIDENCIALISTA?

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La posibilidad de extender los casos de éxito democráticos a más países del continente en prejuicio de los regímenes dictatoriales está condicionada por varios factores, según el investigador asociado del CIDOB.

La política africana ha tendido hacia la creación de partidos “de corte etnoterritorial y no de representación de grupos sociales, como ocurre en el mundo occidental”. De este modo, las elecciones se convertían en la única vía de que ciertos grupos étnicos tuvieran o no representación y, por tanto, “tener o no tener recursos”; de ahí que muchos comicios fuesen sinónimo de tensión o de violencia.

Asimismo, Mateos destaca que la tutela internacional que siempre ha estado vinculada a este continente ha pasado a estar condicionada a la puesta en marcha de “procesos de liberalización económica o política”. El primero de ellos está basado en un ajuste estructural similar al que se está produciendo hoy en día en el Sur de Europa con la austeridad, mientras el segundo “consiste en la celebración de elecciones multipartidistas”.

A nivel social, el cambio de un régimen dictatorial de largo recorrido a democracia requiere, como paso principal, de “una apropiación del propio concepto de democracia por parte de los ciudadanos de cada país en cuestión”, dice Oscar Mateos.

La progresiva transformación de África de un continente rural a uno urbano podría ser, para este experto, “una oportunidad para que mucha gente trascienda de su alineamiento étnico y pase a querer que el partido que esté en el gobierno resuelva sus problemas”. En casos como Senegal o Burkina Faso, la revolución “tiene una motivación social y política” similar a la que se han producido en otras zonas del mundo donde se habían puesto en marcha sistemas democráticos.

José Eduardo dos Santos lidera a base de ataques a las libertades su régimen en Angola desde 1979, año en el que falleció el entonces presidente, Agostinho Neto, tras lo que fue elegido líder del partido Movimiento Popular para la Libertad de Angola (MPLA) y nuevo presidente del país.

Desde entonces, Angola solo ha celebrado tres elecciones presidenciales en 38 años, todas ellas con victoria de Dos Santos. Su supuesto éxito electoral se basa, según la ONG Human Rights Watch (HRW), en un estricto régimen de represión de críticos políticos, ataques contra la libertad de expresión y “brutalidad policial y arrestos arbitrarios” en manifestaciones pacíficas. Pese a que el país aceptó varias recomendaciones de la ONU para mejorar su respeto a los Derechos Humanos, finalmente decidió ignorarlas, recuerda Amnistía Internacional.

El régimen de Dos Santos ha sido también señalado por presuntos casos de corrupción. Transparencia Internacional lo posiciona en uno de los puestos más bajos de su Índice de Percepción de la Corrupción --164 de 176 países--, con solo 18 de 100 puntos posibles. El país es uno de los grandes productores de petróleo del continente, pero el nombramiento de la hija de Dos Santos, Isabel, al frente la petrolera estatal dio pie a una investigación, a finales de 2016, por parte del Tribunal Supremo del país por un presunto caso de nepotismo, que el organismo judicial consideró legal.

Según acaba de confirmar, José Eduardo dos Santos no concurrirá a ninguna elección más, sino que será su número dos en el MPLA quien estará presente en los comicios de este año. No obstante, se mantendrá como presidente del partido, desde donde mantendrá privilegios como la elección de candidatos parlamentarios o de los más altos cargos del Ejército y la Policía. “Todo el mundo sabe que el MPLA controla el escenario político”, explica Mateos, por lo que la transición democrática será “distinta” a la que se ha producido en Burkina Faso o en Senegal.

Robert Mugabe, presidente de Zimbabue, es uno de los mandatarios africanos con más años en el poder, 30. Accedió a la presidencia en 1987, elegido por el Parlamento del país en sustitución de Canaan Banana, y en ese mismo año suprimió la figura de primer ministro, cargo que había ostentado desde la creación del país, en 1980, para incrementar el poder político del presidente, cuya figura era esencialmente simbólica hasta entonces.

Bajo la gestión de Mugabe, Zimbabue se ha sumergido en una espiral de precariedad económica y de corrupción que ha sido denunciada internacionalmente en reiteradas ocasiones. Transparencia Internacional sostiene que el país pierde mil millones de dólares al año por corrupción.

A ello ha ayudado el fraude electoral que le ha permitido vencer de manera holgada en numerosas elecciones, como sucedió en 2008, “cuando el Ejército cometió abusos generalizados, incluyendo homicidios, palizas y torturas”, según sostiene HRW. Los últimos comicios celebrados, en 2013, fueron cuestionados por observadores del Parlamento Panafricano, quienes afirmaron que habían hallado más de 8.000 votantes inexistentes en una zona deshabitada.

De la gestión política de Robert Mugabe sobresale, entre otros rasgos, el racismo contra la población blanca del país. El gobernante de Zimbabue sostiene que las tierras “no son de los blancos” y ha intentado forzar su salida del país. Supuestamente, en 2018 concurrirá a sus últimas elecciones a los 94 años, en virtud de la nueva Constitución aprobada en 2013, que además de limitar sus mandatos, contempla varias “esperanzadoras” medidas de refuerzo de la libertad, de acuerdo con Amnistía Internacional.

“Mugabe se está convirtiendo en un dirigente esperpéntico”, advierte Oscar Mateos, por su avanzada edad, su manera de ejercer el poder y por el “descrédito que ha ganado ante la comunidad internacional y los países del entorno de la Unión Africana”.

El paradigma del despertar democrático en África, Sudáfrica, no ha cambiado de partido de gobierno desde que el Congreso Nacional Africano (ANC) de Mandela se hiciese con la victoria en 1994.

Sin embargo, el país se ha visto salpicado por escándalos de corrupción que han debilitado la figura de sus dirigentes políticos, cada vez más enriquecidos. Cinco años antes de concurrir a sus primeras elecciones en 2009, el presidente Jacob Zuma fue acusado por la propia Fiscalía del país de haber aceptado cerca de 420.000 euros en sobornos mientras era presidente del ANC.

La aparición de más casos ha contribuido a incrementar el descontento del país contra su gobierno y obligado a Zuma a superar una moción de censura el año pasado. Este clima convulso también ha generado casos de violencia policial contra manifestantes, tal y como sostienen desde Amnistía Internacional. Electoralmente, la ANC ya se llevó un golpe en los comicios locales de 2016, donde fue la formación más votada, pero alcanzó los resultados más bajos de su historia.

El presidente de Guinea Ecuatorial es Teodoro Obiang. Accedió al poder en 1979 tras un golpe de Estado contra su tío, Macías Nguema, al que derrocó y ejecutó, y desde entonces ha encabezado un régimen que ya suma 37 años. Ningún otro presidente de república del mundo iguala esta cifra.

En Guinea Ecuatorial se han celebrado elecciones en 1982, 1989, 1995, 2002, 2009 y 2016, en las que Obiang se ha impuesto por resultados próximos al 100% gracias a la “represión contra voces independientes en la víspera de las elecciones presidenciales”, según denunciaron varias ONG en vísperas de los comicios de 2016. Los grupos de la oposición han criticado además que en estas últimas elecciones se ha adulterado el censo y se ha obviado la creación de una comisión electoral independiente.

Guinea Ecuatorial es uno de los grandes productores de crudo del continente, aunque está gravemente afectado por la pobreza, según HRW. La radio estatal dijo en 2003 que Teodoro Obiang es el “dios” del país y está “en permanente contacto con el Todopoderoso”.

La corrupción en la que está sumido el país da lugar a ejemplos tan escandalosos como el del hijo del presidente, Teodoro 'Teodorín' Obiang, que está siendo juzgado en Francia, acusado de un presunto delito de blanqueo de dinero, al serle detectadas cuantiosas y lujosas propiedades en estos países que podrían proceder del desvío de fondos públicos de Guinea Ecuatorial.

En Congo gobierna desde 1979 Denis Sassou Nguesso. Su ascenso al cargo fue la consecuencia de una sucesión de golpes de Estado, conspiraciones y magnicidios que se saldó con la destitución del entonces presidente, Joachim Yhombi-Opango, por parte del Partido Congoleño del Trabajo (PCT), que utilizó una sospechosa acusación de “giro a la derecha” para forzar su salida.

Sassou Nguesso gobernó en esta primera etapa hasta 1992, año en el que fue derrotado en las elecciones presidenciales por Pascal Lissouba. Tras liderar un nuevo golpe de estado en 1997, recuperó la presidencia de Congo.

Sassou Nguesso acumula hasta el momento 33 años de presidencia del país gracias a sus amplias y dudosas victorias electorales cosechadas en 2002, 2009 y 2016, todas ellas cuestionadas por la oposición. Así, en los primeros se retiró el principal candidato opositor, André Milongo, criticando que el resultado electoral ya estaba acordado de antemano, mientras en que en 2016, las denuncias contra la corrupción de los comicios dieron lugar a violentos enfrentamientos entre la Policía del país y grupos armados vinculados a la oposición.

Un año antes de las últimas elecciones, el Gobierno logró aprobar en un polémico referéndum una reforma constitucional que suprimió los límites de mandatos. Las manifestaciones contra el fraude electoral que envolvía a esta modificación --obtuvo más de un 92% de votos a favor-- se saldaron con al menos 12 muertos y numerosos detenidos, según la ONG Amnistía Internacional.

El 'otro' Congo, la República Democrática del Congo, llamada Zaire hasta 1997, también ha empleado medidas de dudosa transparencia para alargar el mandato de su presidente, Joseph Kabila.

Este accedió al cargo en 2001, cuando su padre fue asesinado por uno de sus guardaespaldas. Finalizada en 2003 una guerra civil de cuatro años, Kabila venció en 2006 y 2011 sendas elecciones marcadas por las acusaciones de fraude y los disturbios violentos.

En diciembre de 2016 vencía el segundo y último mandato de Kabila según la Constitución del país, pero el Gobierno decidió posponer los comicios hasta 2018 argumentando problemas logísticos y presupuestarios. Esta decisión fue interpretada por parte de la sociedad como un intento por perpetuar el mandato de Kabila, tras lo que el Gobierno reprimió todas las manifestaciones contra el presidente con extrema dureza, según denunció HRW.

Sin embargo, tras unas negociaciones con la oposición en las que medió la Conferencia Episcopal del país, el Gobierno anunció el 30 de diciembre un acuerdo por el que Kabila dejaría el poder tras la convocatoria de unas elecciones que se celebrarían en 2017. En plenas discusiones sobre la aplicación de este pacto, el principal líder opositor, Etienne Tshisekedi, falleció en Bruselas a los 84 años de edad, dejando abierto un episodio de tensión sobre el futuro político del país.

En 2009, el presidente de Sudán, Omar Hasan al Bashir, se convirtió en el primer mandatario en activo en ser buscado por el Tribunal Penal Internacional, acusado de genocidio en el conflicto de Darfur. Esta orden de busca y captura desencadenó un conflicto diplomático entre Sudáfrica y el propio TPI, después de que este país se negase a detener a Al Bashir durante su asistencia a una cumbre de la Unión Africana en 2015. El Gobierno sudafricano justificó que tenía inmunidad como invitado de la Unión.

Todavía en guerra, la región de Darfur ha sido escenario de un conflicto racial que ha causado más de 300.000 muertos y millones de refugiados, según Amnistía Internacional. Esta ONG denunció que el Gobierno de Sudán ha realizado bombardeos y ataques químicos contra la población civil.

Al Bashir accedió en 1989 a la presidencia de Sudán tras un golpe de Estado. Desde entonces, ha revalidado su cargo venciendo en todas las elecciones presidenciales que se han celebrado, algo a lo que ha ayudado la fuerte represión contra la oposición, ya sea con la “detención arbitraria” de integrantes de partidos políticos, la censura de medios de comunicación o la prohibición de que la oposición celebrase actos públicos durante la campaña de las últimas elecciones, las de 2015. Con este motivo, la mayoría de la oposición boicoteó los comicios, que venció Al Bashir con más de un 94% de votos y una baja participación.

Eritrea, uno de los países más pobres del mundo, está marcado por la absoluta falta de libertades que ha establecido el presidente Isaias Afewerki, el único que ha tenido el país desde que se independizó de Etiopía hace 24 años. Afirma Human Rights Watch que en este país se detiene por sistema a periodistas y a políticos críticos para dar continuidad a un régimen basado en la ausencia de partidos políticos y de elecciones.

En Eritrea existe un servicio militar que es obligatorio e indefinido. Pese a los intentos de la comunidad internacional para que Afewerki cambie de parecer, los eritreos son los refugiados africanos que más cruzan el mar Mediterráneo y también los que más fallecen en el intento, según Amnistía Internacional.

La victoria electoral del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope en las últimas elecciones generales con un 100% de los votos es el resultado de una política fuertemente represiva denunciada por AI. Esta ONG afirma que el Gobierno ha ejecutado a miembros y dirigentes de partidos opositores, perturbado actos políticos de la oposición y reprimido con violencia manifestaciones pacíficas para conseguirlo. Además, recalca que para estos últimos comicios, la Junta Electoral Nacional ha impedido el registro de más de 300 candidaturas de partidos de la oposición para puestos en la Cámara de Representantes.

Desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope se ha aprovechado del fraude electoral para mantenerse como la fuerza más votada. Asimismo, se ha sustentado en una supuesta política antiterrorista para detener a al menos 17 periodistas en los últimos dos años.

Etiopía era un modelo a seguir en lo que a integración étnica se refiere. En un continente donde los estados fueron creados de manera artificial por los colonizadores, la amalgama de etnias de este país había sido “ejemplarmente integrada a nivel político, ya que se logró dar voz a todos los grupos”, apunta Mateos. Sin embargo, el investigador asociado al CIDOB avisa de que este proceso “se está desintegrando” en los últimos tiempos, generando desigualdades entre etnias y desencadenando violentas protestas que han dejado cientos de muertes, según HRW, debidas en parte a la represión policial.

Uno de los casos más graves fue la muerte de 52 personas tras una estampida durante una celebración religiosa de la etnia oromo; la oposición sostiene que la Policía empleó gases lacrimógenos y fuego real contra los asistentes.

La muestra más mediática de este descontento fue el gesto realizado por el atleta Feyiya Lilesa, de esta etnia, tras haber finalizado en segundo lugar en la maratón de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Esta tribu, la mayoritaria del país, reivindica una reiterada marginación por parte del Gobierno etíope.

Uganda cuenta con una Ley de Gestión del Orden Público que sirve para justificar la prohibición de los actos públicos por parte de la oposición política al presidente Yoweri Museveni, la represión por parte de la Policía y el arresto de sus organizadores, según Amnistía Internacional. Así, el Gobierno ha podido mantenerse desde 1986, tras cinco dudosas victorias electorales hasta la fecha.

El último triunfo de Museveni se produjo en 2016, por un 60% de los votos. En su toma de posesión, la Policía detuvo a al menos 18 personas que protestaban contra una votación que, a su juicio, había sido fraudulenta. Museveni es otro de los mandatarios africanos que ha suprimido la limitación de mandatos para perpetuar su gobierno.

Ruanda continúa todavía marcada por el genocidio de 1994, que se saldó con decenas de miles de muertos por la guerra étnica entre hutus y tutsis. No obstante, el país ha conseguido iniciar un proceso de desarrollo económico, mientras el presidente desde 2000, Paul Kagame, hace todo lo posible para perpetuar su gobierno.

Tras haber vencido en los comicios de 2003 y 2010, Kagame obtuvo un masivo apoyo a una reforma constitucional que le garantizará volver a presentarse a más elecciones, e incluso llegar a mantenerse en el poder hasta 2034.

El Partido Democrático Verde de la oposición intentó sin éxito bloquear este referéndum --el Tribunal Supremo del país dio la razón al Gobierno--, argumentando que Kagame obtendría el apoyo que finalmente obtuvo gracias a su control de los medios de comunicación y varios aspectos de la vida pública.

Más controvertida fue la extensión de mandatos del presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza. En 2015, concurrió a sus terceras elecciones, ignorando el dictado de la Constitución de país, que limitaba en dos el máximo de mandatos. El presidente justificó que en su primera investidura fue elegido por el Parlamento, y no por el pueblo. Esta decisión fue el germen de una protesta social y política que fue reprimida con extrema violencia.

Para ello, Nkurunziza recurrió, primero, a la presión sobre el Tribunal Constitucional para obtener el visto bueno de la Justicia –-su presidente huyó del país tras alertar de estas presiones--. Después, logró detener un intento de golpe de Estado y frenar las manifestaciones en su contra con una violenta acción policial que incluyó el empleo de munición real.

Su esperada victoria en unas elecciones boicoteadas por la oposición no detuvo la violencia contra las posturas discrepantes. Así se dieron casos como el denunciado por HRW, que sostiene que la Policía ejecutó extrajudicialmente a 47 disidentes, o la detención arbitraria de más de 3.000 personas como consecuencia de la crisis política, según AI. Además, el Gobierno restringió el acceso de periodistas a manifestaciones y presionó a medios de comunicación tanto locales como internacionales.

Como consecuencia de la repulsa de la comunidad internacional a estos actos, el país decidió desvincularse del Tribunal Penal Internacional, asegurando que este organismo judicial de la ONU solo busca perseguir a gobernantes africanos. La crisis también ha desencadenado cifras como los 250.000 refugiados que, según ACNUR, se han visto obligados a abandonar el país en los dos últimos años.

En 1982, Paul Biya ocupaba el cargo de primer ministro de Camerún cuando el entonces presidente, Ahmadou Ahidjo, anunció su renuncia al cargo. Desde entonces, la trayectoria electoral de Biya se ha basado en victorias holgadas, siempre acompañadas por denuncias de fraude electoral por parte de la oposición y de observadores internacionales.

Este fue el caso de las últimas, celebradas en 2011, donde se denunciaron medidas sistemáticas para que las personas pudiesen votar en más de una ocasión: pocas papeletas, transporte en autobús de votantes del partido a otros puntos para volver a votar o el empleo de una tinta fácilmente borrable en los dedos de quienes ya habían participado en el sufragio.

Paul Biya ha logrado perpetuarse como presidente gracias a esta continua mayoría parlamentaria, que le ha permitido suprimir los límites de mandatos que establecía la legislación y alargar su duración de cinco a siete años.

La amenaza del grupo terrorista Boko Haram ha servido de excusa al Gobierno para llevar a cabo una política de restricción en las libertades de asociación o de información, además de la “detención arbitraria” de cientos de personas, según Amnistía Internacional, acusadas de presunta pertenencia al grupo terrorista.

Otros gobernantes africanos han recurrido al fraude electoral, según critican las ONG, para perpetuar sus mandatos a base de victorias aplastantes frente a una oposición prácticamente residual y de reformas constitucionales que suprimen el límite de mandatos. Entre estos ejemplos, se dan los casos de Argelia, Chad o Yibuti, liderados respectivamente por Abdelaziz Buteflika (en el cargo desde 1999), Idriss Déby (desde 1990) e Ismaïl Omar Guelleh (1999).

En otros países, la herencia de cargos políticos ha permitido el ascenso de hijos de gobernantes de muy largo recorrido. El presidente gabonés Alí Bongo o el togolés Faure Gnassingbé son ejemplos de ello: el padre del primero lideró el país durante 42 años, mientras el del segundo actuó como máximo mandatario de Togo durante 38.