La Eurocámara respalda un control más estricto sobre armas de fogueo y desactivadas para luchar contra terrorismo

BRUSELAS 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este martes el refuerzo de las normas en materia de compraventa de armas para asegurar una vigilancia más estricta, incluido sobre las armas de fogueo y de aquellas desactivadas que pueden ser recuperadas para uso, tras comprobar que algunos de los atentados más graves sufridos en la UE se perpetraron con ese tipo de armas.

Entre las novedades de la directiva revisada figura la obligación de los Estados miembros a poner en marcha sistemas de seguimiento de las licencias concedidas y renovadas, además de a intercambiar información relevante.

También se incluye en la categoría de prohibido para uso civil algunas armas semiautomáticas consideradas peligrosas, por permitir un gran número de disparos sin recargar munición, pero se han previsto excepciones que seguirán permitiendo su uso bajo condiciones a tiradores deportivos, reservistas, museos y coleccionistas.

Además, las armas desactivadas deberán serlo de manera irreversible y las de fogueo serán sometidas a un control más férreo, habida cuenta de que pueden ser transformadas en sistemas capaces de disparar proyectiles, tal y como hicieron los terroristas que atentaron en enero de 2015 contra el diario satírico Charlie Hebdo.

La Comisión Europea queda emplazada, además, a preparar nuevos estándares y técnicas de desactivación más eficaces de aquí a mayo de 2017.

La compra de armas acústicas necesitará obligatoriamente un permiso de armas equivalente al que se exige para las armas de fuego real, de acuerdo al pacto respaldado por el voto a favor de 491 eurodiputados, 178 en contra y 28 abstenciones.

Las bases de la reforma han sido negociadas por el Consejo, la Eurocámara y la Comisión y, tras el visto bueno parlamentario, necesita aún la aprobación formal de los Veintiocho para que sea aplicable.

Una vez cumplido el proceso, los Estados miembro tendrán 15 meses desde la entrada en vigor de las nuevas normas para trasladarlas a su legislación nacional y contarán con 30 meses para poner en marcha las bases de datos para identificar y rastrear las armas de fuego.