Edificio destruido por un ataque ruso en la ciudad ucraniana de Kramatorsk - Celestino Arce Lavin/Zuma Press / Dpa
MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Centro Internacional para la Persecución del Crimen de Agresión contra Ucrania (ICPA, por sus siglas en inglés) ha iniciado formalmente este lunes su trabajo como una estructura que, desde dentro de Eurojust, pretende servir para preservar las pruebas de los abusos cometidos en el marco de la ofensiva militar rusa y contribuir a las investigaciones que puedan lanzar las instituciones a nivel nacional.
El centro, anunciado a principios de marzo y con sede en La Haya, supone para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, un "primer paso" hacia la creación de un tribunal que juzgue el delito de agresión, una reivindicación recurrente del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Así, la jefa del Ejecutivo comunitario ha abogado en Twitter por "recoger pruebas y documentas los crímenes de Rusia para que los responsables puedan ser llevados ante la justicia".
El comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, que ha participado en el lanzamiento formal, ha reiterado el "compromiso" de la UE para lograr la "plena rendición de cuentas". "Es una clara señal al mundo de que la prohibición del uso de la fuerza sigue siendo la base de nuestro orden internacional basado en reglas y de quienes los violen deben ser responsabilizados por ello", ha advertido.
Para el presidente de Eurojust, Ladislav Hamran, se trata igualmente de "un paso crucial" para "acabar con la impunidad a todos los niveles", para lo cual ha ofrecido el apoyo "operativo, técnico, logístico y financiero" de la agencia que dirige a las fiscalías nacionales, con vistas a que se pueda avanzar de alguna manera en procesamientos concretos.
En el acto, de hecho, ha participado el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin , que ve al mundo "unido" en el señalamiento a Rusia pero también asume que hay grietas en lo que se refiere a la persecución del delito de agresión dentro de la actual arquitectura judicial global. Por ello, espera que el ICPA sirva para "reforzar" esta arquitectura en ciernes.
Por su parte, el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ve "una luz" en el camino hacia la persecución de los abusos cometidos en Ucrania. "Seguimos decididos a fortalecer las bases de la cooperación que hemos construido en el último año con Eurojust y las autoridades nacionales mediante el Equipo de Investigación Conjunta", ha dicho, en alusión a otra de las iniciativas lanzadas para examinar los crímenes perpetrados desde el lanzamiento de la ofensiva militar rusa en febrero de 2023.
EL ICPA está financiado íntegramente por la Comisión Europea y, en su fase inicial, está compuesto por seis países --además de Ucrania, figuran Lituania, Letonia, Estonia y Rumanía--, con participación externa del TPI. El Gobierno de Estados Unidos también se ha ofrecido a colaborar en los trabajos y la idea es que el proyecto esté abierto a todos aquellos países que puedan aportar información o pruebas relevantes.
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