Existir (legalmente) para tener derechos

UNICEF colabora en distintos países con enfoques innovadores para la generalización del registro y la inscripción tardía

MADRID, 25 Oct. (EDIZIONES) -

El registro de un niño es más que un trámite burocrático. Marca el primer paso para el reconocimiento de la existencia de una persona y supone un requisito clave para la obtención de unos derechos, administrativos y sociales, que marcarán a ese bebé durante el resto de su vida.

El artículo 7 de la Convención sobre Derechos del Niño establece que "el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos".

Pero, ¿qué hacer cuando en algunos países la tasa de registro no llega siquiera a los dos dígitos? El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha puesto en marcha en los últimos años una serie de iniciativas en distintos países del mundo que, mediante enfoques innovadores, pretende hacer frente a un desafío que implica a familias y a autoridades.

Un informe difundido en 2013 por Naciones Unidas advierte de que uno de cada tres niños menores de cinco años no figuran en ningún libro oficial, lo que supone unos 230 millones de recién nacidos 'sin papeles' en todo el planeta. En 2012, sólo el 60 por ciento de los recién nacidos fueron registrados al nacer.

La zona sur de Asia y el África subsahariana son las regiones con niveles de registro más bajos y las minorías, los habitantes de zonas remotas y los hogares pobres, los grupos más afectados. Por países, Somalia (3 por ciento), Liberia (4 por ciento) y Etiopía (7 por ciento) ni siquiera alcanzan las dos cifras en la proporción de inscripciones tras el nacimiento.

El desconocimiento de las familias, las trabas burocráticas o la falta de documentación de los propios progenitores son algunas de las causas subyacentes a este problema, que acarrea consecuencias tanto para el niño no registrado como para las autoridades, incapaces de saber siquiera cuántas personas residen en un país.

Un niño que 'no existe' oficialmente es alguien expuesto a quedar fuera del sistema educativo, sanitario y de seguridad social, incapaz por tanto de reclamar sus derechos y potencial víctima de abusos. En caso de desastres naturales o conflictos, la falta de documentación dificulta la reagrupación familiar.

NUEVOS ENFOQUES

UNICEF ha puesto en marcha durante los últimos años enfoques innovadores que han permitido en países como Kosovo o Uganda la introducción de sistemas más ágiles de registro basados principalmente en la tecnología móvil. Tanzania, donde nueve de cada diez niños menores de cinco años carecen de certificados de nacimiento, también se ha sumado ahora a esta lucha.

La mayoría de los padres que residen en zonas rurales de Tanzania no registran a sus hijos por la larga distancia que tienen hasta una oficina, el desconocimiento de los beneficios que conlleva, la complejidad del proceso o su precio. Sólo el trámite burocrático puede llegar a costar 4.000 chelines (1,6 dólares), cuando la mayoría de la población rural vive con menos de un dólar al día.

El nuevo sistema, que estará en vigor al menos cinco años y está activo ya en diez de las 26 regiones, permite que los trabajadores del sistema sanitario envíen por teléfono a una base central el nombre, sexo, fecha de nacimiento y otros detalles familiares del recién nacido. El registro queda resuelto de forma gratuita en cuestión de días o incluso horas.

El Gobierno tanzano espera registrar antes de que acabe 2015 a un millón de niños menores de cinco años y un 90 por ciento de todos los nacimientos en el próximo lustro. En el proyecto se ha implicado también la compañía de telecomunicaciones Tigo como facilitadora.

Anna Mbelwa, que dio a luz recientemente en un hospital de la región de Mbeya --sur del país-- se ha mostrado "muy impresionada" por una iniciativa que ahorra tiempo y complicaciones. "Antes los padres tenían que viajar una gran distancia hasta el registro de su distrito sólo para que les dijesen que los archivos de su hijo se habían perdido", ha relatado a la agencia Reuters.

Somalilandia, una region semiautónoma en la parte norte de Somalia, ha iniciado este año la primera actividad de registro en el país en más de dos décadas. El Ministerio de Sanidad coordina la documentación en hospitales y centros médicos, mientras que Interior se encarga de proporcionar los certificados de nacimiento.

Un portavoz de UNICEF, Issa Ahmed Nur, ha recordado que este registro "es un primer paso para proteger a los niños de todo tipo de violencia, abusos y explotación". "Es una prueba de que el niño existe y tiene derecho a todo tipo de servicios" que, por "obligación", debe ofrecer el Gobierno, ha añadido.

Para las madres, el proceso es una novedad. "No sabía nada sobre el registro", ha reconocido Asiya, que se ha enterado en un hospital de Burao donde ha tenido a su quinto hijo. "Ahora ya lo sé, es importante porque tendrá derecho a beneficios como una educación o una atención sanitaria gratuitas", ha explicado a la agencia de la ONU.

AMÉRICA LATINA

América Latina también ha asistido a la puesta en práctica de varias iniciativas novedosas en materia de registro, como las lanzadas en los últimos años en Nicaragua o República Dominicana. En este último país, un estudio difundido en 2012 cifraba en 186.000 los niños menores de cinco años que 'no existían', un 17,6 por ciento del total.

La Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) de Nicaragua puso en marcha este año, con el apoyo de UNICEF y del Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos (CEDEHCA), la campaña 'Yo Existo', destinada al registro tardío de menores de hasta doce años. Hasta mayo, más de 3.600 niños se habían beneficiado de esta iniciativa y el objetivo es sumar al menos a 5.500.

En el caso de Nicaragua, como ocurre en gran parte de la región, los indígenas y afrodescendientes registran tasas de inscripción menores que las de la media de la población general. La tasa nacional de registro se sitúa en torno al 85 por ciento, mientras que cae al 58 por ciento para las comunidades indígenas.