Un experto de la ONU alerta de que la privatización generalizada de los bienes públicos vulnera los Derechos Humanos

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La privatización generalizada de los bienes públicos vulnera sistemáticamente la protección de los Derechos Humanos en muchas sociedades, según ha alertado del relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza, Philip Alston.

El experto de la ONU ha advertido de que dicha privatización provoca una mayor marginación de aquellos que viven sumidos en la pobreza y ha criticado la postura del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional e incluso de Naciones Unidas, que han impulsado este tipo de privatizaciones de servicios básicos "sin tener en cuenta las implicaciones o consecuencias para las poblaciones más pobres".

"Privatizar las prisiones, la educación, la sanidad y otros bienes públicos esenciales no puede hacerse a cambio de tirar por la borda las protecciones de los Derechos Humanos", ha aseverado Alston.

"Los estados no pueden faltar a sus obligaciones en materia de protección de Derechos Humanos al delegar ciertas funciones en compañías privadas bajo términos que saben que socavarán los derechos de algunas personas", ha señalado.

En este sentido, ha manifestado que en muchas ocasiones se ha convertido en "una ideología que devalúa los bienes públicos, los espacios públicos, la compasión y los valores esenciales para una sociedad decente".

"Mientras que los que defienden la privatización señalan que así se ahorra dinero y se garantiza la eficiencia, las pruebas muestran que en muchas ocasiones esto no es así", ha añadido.

El relator de la ONU ha explicado que la defensa de los Derechos Humanos no figura entre los criterios a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo acuerdos de privatización. "No existen mecanismos de verificación de Derechos Humanos adecuados para lidiar con los desafíos que supone la privatización a grandes escalas", ha afirmado.

"La comunidad internacional no puede seguir ignorando las consecuencias de la privatización y la necesidad de repensar su implantación", ha subrayado. "Existe un riesgo real de que las olas de privatización registradas hasta la fecha se vean seguidas por un tsunami", ha añadido.