Un experto de la ONU denuncia que las medidas cautelares contra Guaidó serían inconstitucionales

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El relator de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, ha alertado este viernes de que "hay poderosos elementos" para pensar que las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, son inconstitucionales.

García-Sayán ha expresado su "inquietud" por las medidas cautelares adoptadas por el TSJ a petición del fiscal general, Tareck William Saab, por las cuales Guaidó tiene prohibido salir de Venezuela y enajenar sus bienes, y sus activos han quedado bloqueados.

"Hay poderosos elementos para concluir que las medidas contra el señor Guaidó no han sido adoptadas de acuerdo con los requisitos constitucionales, el procedimiento legalmente establecido y el respeto a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos", ha dicho en un comunicado.

El experto de la ONU, que ha trasladado sus inquietudes al Gobierno de Nicolás Maduro, ha recordado que "el respeto y la garantía de la independencia e imparcialidad de la Justicia es un pilar fundamental para la protección de los Derechos Humanos, la democracia y el Estado de Derecho".

También ha expresado su preocupación por las presiones políticas contra jueces en el contexto de las recientes manifestaciones. "Algunas decisiones de miembros del Poder Judicial han formado parte de las medidas del Gobierno para privar de libertad a cientos de personas, incluidos menores de edad", ha dicho.

El ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha considerado que, "en el actual periodo de inestabilidad, la falta de fiscales y magistrados de carrera, así como el hecho de que la mayoría de jueces tengan nombramientos provisionales y de corta duración, produce una severa merma en la independencia del sistema judicial".

Así, ha urgido a "todas las instituciones estatales a respetar, promover y garantizar la independencia e imparcialidad de la judicatura, así como el derecho de todas las personas a que ésta pueda desempeñar sus funciones en un entorno seguro y resolver los asuntos que conozca sin restricción alguna, sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo".