Un experto de la ONU pide reformas a Honduras para atajar la corrupción y garantizar la independencia judicial

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La separación de poderes y la independencia del sistema judicial siguen siendo "un gran reto y desafío" para Honduras, ha advertido el relator de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán, al término de una visita al país centroamericano en la que también ha abogado por adoptar nuevas medidas que permitan atajar la corrupción.

Así, y ante un sistema judicial y una clase política cada vez más "cuestionados por la ciudadanía", García-Sayán cree que es necesario emprender reformas. "Problemas como la mora judicial, la corrupción, la impunidad, violaciones a los Derechos Humanos, la inseguridad ciudadana y la violencia son algunos de los factores que han puesto en entredicho a los operadores de justicia y al sistema político mismo", ha señalado en un comunicado.

El marco normativo e institucional sigue presentando lagunas "muy graves" en Honduras, en opinión del relator, que cree que el actual escenario "no es suficiente para garantizar la independencia de la justicia".

El experto ha abogado por una nueva ley sobre el Consejo de la Judicatura y la carrera judicial, así como cambios en la designación de los magistrados de la Corte Suprema y de los principales responsables de la Fiscalía General. Todo ello, ha añadido, bajo la premisa de "la transparencia y el escrutinio público", de tal forma que los cargos sean elegidos sobre la base de "independencia, competencia e integridad" y no con fines políticos.

García-Sayán ha llamado también a fortalecer las capacidades para hacer frente a la corrupción, si bien ha reconocido "avances concretos" como la creación de juzgados específicos y de una Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) en el seno del Ministerio Público. Ha aplaudido, además, la labor que desempeña la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), por lo que ha llamado a renovar e incluso ampliar su mandato para evitar que dicho órgano desaparezca en enero de 2020.