Expertos que investigan la desaparición de estudiantes en México se irán del país en abril

CIUDAD DE MÉXICO, 30 Mar. (Reuters/EP) -

México no solicitará un nuevo mandato para que el grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siga colaborando en la investigación sobre la desaparición de decenas de estudiantes en el sur del país, pese a que el caso sigue abierto, según ha afirmado el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa.

De esta manera, el grupo de expertos dejará la investigación a finales de abril, cuando termine el segundo periodo en el han participado en las investigaciones a petición del Gobierno mexicano, según ha detallado en declaraciones a la agencia Reuters el funcionario mexicano.

"Debemos ser las instituciones de México, a partir de lo que ha sucedido en la investigación y las aportaciones del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) las que concluyan con la investigación, con la búsqueda", ha agregado Campa.

El grupo, conformado por los abogados Ángela Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Paz, Alejandro Valencia y el médico Carlos Beristain, han denunciado "serias fallas" en la investigación. Entre ellas, destacan "declaraciones hechas bajo tortura, dilación en los procesos y falta de pruebas".

Al concluir su primer mandato, en septiembre, el grupo de expertos echó por tierra la conclusión oficial de que los 43 jóvenes de Ayotzinapa habían sido incinerados en un basurero y arrojados a un río, aumentando la presión sobre el Gobierno de Enrique Peña para resolver un caso, que despertó indignación dentro y fuera del país.

Campa ha asegurado que la decisión responde a la petición del grupo de permanecer sólo seis meses más en México tras concluir el primer mandato en septiembre.

Familiares de los jóvenes, desaparecidos en Iguala (Guerrero) después de que fueran secuestrados por policías aliados con criminales, han dicho que no confiarán en investigaciones donde no intervenga el GIEI. También han insistido en que el Gobierno debe solicitar a la CIDH la ampliación de mandato.